Redacción/LaExpresión
CIUDAD DE MÉXICO. —La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este lunes que su gobierno utilice las instituciones de justicia con fines políticos, en respuesta a los señalamientos del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, quien acusó que el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es un “preso político” del actual régimen.
Durante su conferencia matutina de este lunes 27 de julio, celebrada en Palacio Nacional, a la mandataria se le cuestionó directamente si, tomando en cuenta las palabras de Romero, su administración utiliza políticamente las instituciones de justicia. “No, falso, absolutamente falso”, respondió tajante la titular del Ejecutivo federal.
Sheinbaum Pardo sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) ha aportado “muchísimas pruebas” en el caso relacionado con Ruffo Appel, señalado por presuntos actos de huachicol fiscal. La mandataria subrayó que el caso no se limita al exgobernador bajacaliforniano, sino que involucra a “por lo menos ocho detenidos”, a quienes vinculó con un esquema de contrabando de combustible que, afirmó, representa un fraude al Estado mexicano y a la ciudadanía.
La postura presidencial responde a las declaraciones previas del líder nacional del blanquiazul, quien argumentó que la falta de pruebas para sostener que Ruffo Appel encabezó una red de huachicol fiscal, sumada a su reclusión en un penal de máxima seguridad, confirma que el exgobernador es víctima del uso político del aparato de justicia por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. “Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, sostuvo Romero.
El caso de Ruffo Appel, exgobernador de Baja California por el PAN, se mantiene así en el centro de un nuevo cruce entre el gobierno federal y la oposición panista, en momentos en que la Fiscalía General de la República continúa las investigaciones derivadas del esquema de contrabando de combustibles señalado por la propia presidenta.
