Redacción/LaExpresión
CIUDAD DE MÉXICO. —La investigación en torno a una de las redes más extensas de contrabando de combustible detectadas en el país continúa activa y bajo estricto desarrollo legal, según confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
El pronunciamiento ocurre horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) hiciera pública la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien se le imputa una presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos bajo la modalidad de fraude fiscal.
Durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal detalló que el origen de esta indagatoria penal se remonta a más de un año de trabajos de inteligencia e investigación científica.
El detonante de las pesquisas fue el aseguramiento estratégico de 33 ferrotanques, pieza clave que permitió a los analistas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) rastrear el mapa operativo y financiero de la organización delictiva, cuya magnitud operativa la coloca como un golpe histórico al trasiego ilegal de energéticos.
Respecto al avance de los mandamientos judiciales, García Harfuch informó que durante la jornada de este jueves se cumplimentaron exitosamente ocho órdenes de aprehensión en contra de presuntos integrantes de la red.
No obstante, el titular de la SSPC aclaró de manera tajante que el caso no está cerrado, debido a que existen diversas órdenes de captura adicionales pendientes de ejecutar, por lo que las fuerzas federales y ministeriales mantienen activos los operativos de localización en distintas regiones del país.
El modus operandi utilizado por la estructura criminal consistía en un sofisticado esquema de evasión en las aduanas y puntos de control fronterizo del territorio nacional.
Los implicados ingresaban los cargamentos de combustible utilizando los ferrotanques asegurados, pero declaraban ante las autoridades fiscales únicamente cerca del diez por ciento de la capacidad real de los contenedores; mediante esta alteración masiva de registros, la organización lograba eludir los controles aduanales y omitir el pago de las obligaciones fiscales correspondientes al grueso del hidrocarburo introducido al mercado mexicano.
