Alejandro Paz/La Expresión
CIUDAD VICTORIA. —El denominado “Cártel de la Sangre” llegó a Tamaulipas mediante contratos millonarios autorizados por el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Luis Aranza Aguilar.
De acuerdo con documentos en poder del periódico digital La Expresión, la Delegación del IMSS en el estado formalizó al menos dos contratos con un grupo de empresas tras adjudicaciones directas celebradas el 27 de febrero y el 21 de marzo de 2025.
El primero, identificado con el folio D5M0058, y el segundo con el número D5M0083.
Ambos para el servicio integral de pruebas de laboratorio en hospitales rurales en Tula, Soto la Marina, San Carlos e Hidalgo.
Los mismos documentos revelan que los montos del primer contrato oscilan entre los 272 mil 729 pesos y 681 mil 475 pesos, mientras que el segundo contempla cifras de 276 mil 660 pesos hasta 691 mil 651 pesos, correspondientes a servicios prestados durante los meses de marzo y abril del año pasado.
La contratación fue realizada por la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS en Tamaulipas, en ese entonces a cargo de David Adonai Cano Córdova, a solicitud del jefe de Prestaciones Médicas, Antonio Torres Morales, y del coordinador del programa IMSS-Bienestar, José Espronceda Gálvan, pero con la autorización de la delegación estatal.
EL BENEFICIARIO: CENTRUM PROMOTORA Y FILIALES
Como beneficiarias aparecen las empresas Centrum Promotora Internacional, DisiMed y MediCash, representadas por Héctor Aguilar Balcázar, Óscar Romero Cortínez y Julio César Méndez Hernández, respectivamente.
Estas empresas han sido señaladas de proveer servicios integrales de banco de sangre y laboratorio clínico en México mediante la manipulación de licitaciones públicas, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE, afectando la competencia y los precios.
En el expediente DE-011-2016, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) acreditó que “Centrum Promotora Internacional” estableció un pacto de no agresión junto a otras empresas, para, en lugar de competir, repartirse las partidas de licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE en 2008, 2010, 2011 y 2015.
La COFECE afirmó que dicha práctica generó un daño estimado en más de mil 200 millones de pesos, resultado de los sobreprecios que pagaron, tanto el IMSS como el ISSSTE a lo largo de diez años.
Y fue por ello, que tanto a esta empresa, como a otras diez, además de 14 personas físicas se les impusieron multas, que en conjunto ascendieron a más de 626 millones de pesos.
INHABILITADAS, PERO AMPARADAS
Como resultado de la investigación la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2022 inhabilitó con siete años a “Centrum Promotora Internacional” según el expediente de Responsabilidad Administrativa PAR-3612/2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Reportes periodísticos revelan que, en la misma fecha, “Disimed” y “Medicash” también fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un periodo de siete años.
Sin embargo, haciendo uso de amparos judiciales durante los años siguientes han seguido obteniendo contratos.
Uno de los amparos más recientes, fue el otorgado por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México el 12 de febrero del 2025, que 15 días después le permitió al denominado “Cártel de la Sangre” recibir del delegado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar el primero de dos contratos millonarios para servicios de laboratorio en Tamaulipas.
