Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Al hablar del caso de Jorge Fernández González, acusado del feminicidio de su esposa, la ciudadana española, Pilar Garrido Santamans; Tania Gisela Contreras López, aseguró que la absolución del imputado no desconoce a la víctima ni el reclamo de justicia de su familia, pero sí responde a la falta de pruebas para sostener la condena.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Tamaulipas, a su llegada al Polyforum capitalino, citó: “No desconocemos que hay una víctima, no desconocemos que hay familia que exige que se haga justicia, pero también no podemos sostener aquellos asuntos donde no hay suficiente evidencia como para sancionar o para determinar la responsabilidad de una persona”.
Al ser cuestionada sobre el caso, Contreras López advirtió que la información que puede compartir el Poder Judicial es limitada, ya que se trata de un asunto que todavía puede ser susceptible de un nuevo análisis.
Explicó que fue un Tribunal Colegiado federal el que obligó a la Sala Colegiada en Materia Penal a revisar los elementos y argumentos que presentó la Fiscalía en su momento.
“En este análisis es que se determina que no existe el contexto necesario como para continuar sosteniendo la responsabilidad de la persona que fue imputada”, detalló, por lo que se dio aviso al Tribunal de Enjuiciamiento para ejecutar la libertad, lo que ocurrió en las últimas horas.
Sobre si el fallo implica una inocencia plena, la Presidenta fue precisa al decir que la Sala determinó que el material probatorio aportado por la Fiscalía, en relación con hechos ocurridos en 2017, fue insuficiente.
“Se determina que no existen pruebas suficientes para sostener la condena por feminicidio que en su momento se dictó. En consecuencia, se ordena la libertad”, puntualizó.
Contreras López recordó que fue la defensa la que promovió una serie de recursos que culminaron en la revisión del Tribunal Colegiado, el cual ordenó dictar una nueva resolución bajo ciertos estándares y parámetros para evaluar las pruebas. Además, reconoció que la misma Sala ya había ratificado la sentencia condenatoria en dos ocasiones anteriores.
Cuestionada sobre si en el caso hubo revanchismo o un uso del Poder Judicial con fines de venganza, evitó entrar en terreno político, “las decisiones políticas no nos corresponden a nosotros pronunciarnos en ese sentido. Ahí está el expediente, ahí está la evidencia”, respondió al tiempo que añadió que la responsabilidad de quienes emitieron las resoluciones anteriores “será evaluada por la sociedad”.
La Magistrada subrayó que el Poder Judicial está a favor de los derechos de las víctimas y en contra de la impunidad, “ni en este ni en ninguno de los casos”, aunque siempre apegado a lo que reporta un expediente.
En cuanto a lo que sigue, indicó que corresponde a la Fiscalía del Estado determinar si existe evidencia para realizar nuevas imputaciones y, en su caso, llevar a otras personas ante la justicia como presuntos responsables.
Finalmente, respecto a la posibilidad planteada por la defensa de demandar al Estado mexicano, Contreras López señaló que se trata de un derecho de quienes han sido acusados por un delito que no cometieron.
“Es una previsión constitucional, pero además de elemental justicia, y el Estado siempre será responsable del actuar de sus instituciones”, afirmó y agregó que las personas que en su momento actuaron de manera indebida también tendrían una responsabilidad, si el afectado decide ejercer ese derecho.
