Alejandro Paz/La Expresión
CIUDAD VICTORIA. El Gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pagó de 74 millones de pesos por obras “fantasmas”, inconclusas, deficientes e incluso construidas en lugares distintos a lo contratado, algunas sin beneficiar a la población de Tamaulipas, revela un informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
La auditoría de cumplimiento al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2022-A-28000-19-1837-2023 señala que no se realizaron proyectos arquitectónicos y de ingeniería que precisaran la ubicación en las bases de la licitación para que los contratistas los utilizaran para preparar sus propuestas.
“Los proyectos no fueron debidamente planeados, se ejecutaron cantidades adicionales y reducciones de los volúmenes contratados que afectaron las condiciones del catálogo original sin realizar los convenios modificatorios correspondientes”, menciona.
También descubrieron que las fianzas de vicios ocultos no se emitieron por el valor del diez por ciento del importe pagado.
El informe dice que se realizaron pagos en exceso, se identificaron proyectos en los cuales no acreditó que éstos cumplieran con el criterio de beneficio a la población objetivo del fondo.
Además, que hubo otros que no fueron concluidos o no se encontraron en operación, no fueron ejecutados, presentaron operación deficiente o se realizaron en lugar distinto al contratado, “lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de hasta 74 millones 449 mil pesos”.
En el desglose de las observaciones, la 2022-A-28000-19-1837-06-001 dice que el daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal es por un monto de 43 millones 557 mil 915 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.
“Los proyectos y acciones que no cumplieron con el criterio de beneficio a la población objetivo del fondo, y de aquellas acciones que no fueron ejecutadas y las que no fueron localizadas físicamente”, indica.
Mientras en la segunda observación (2022-A-28000-19-1837-06-002) se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 29 millones 722 mil 475 pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.
“Por los pagos realizados con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2022 en proyectos y acciones que no cumplieron con el criterio de beneficio a la población objetivo del fondo, y las acciones que no fueron concluidas o no se encontraron en operación, las que operan deficientemente, las que no se ejecutaron y las que se realizaron en un lugar distinto al contratado”, afirma.
En este, la ASF refiere que por medio de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Bienestar pagó en exceso 686 mil pesos con recursos del FISE por siete contratos para el suministro y colocación de sistemas de almacenamiento de agua potable.
Además, que “se realizaron pagos por componentes adicionales a las acciones ejecutadas, de las cuales se identificaron 385 bombas pagadas (que corresponden a uno de los componentes de cada acción) a pesar de haber ejecutado únicamente 243 acciones, lo que implicó un pago en exceso de 481.8 miles de pesos”.
Por último, la entidad fiscalizadora informa que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 168 mil 631 pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.
En el resumen de resultados, observaciones y acciones la ASF determina que, de los 12 resultados, en cinco no se detectaron irregularidades mientras que dos fueron solventados, se hicieron tres pliegos de observaciones y se generaron dos promociones de responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
La Auditoría Superior de la Federación evaluó la gestión financiera de un presupuesto total de 161 millones 163 mil pesos que fueron destinados al financiamiento de nueve mil 709 proyectos con un importe pagado al 31 de marzo de 2023 de 146 millones 181 mil pesos, lo que representó el 90.7 por ciento del total disponible.
Con lo anterior la ASF determinó que el gobierno de Cabeza de Vaca incumplió con la Ley de Coordinación Fiscal, ya que destinó el 50.4 por ciento de los recursos disponibles del fondo al rubro de urbanización y el 40.3 por ciento a agua potable, con lo que se atendieron los conceptos de gasto.
Aunado a que sólo registró en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social el 20 por ciento de los proyectos ejecutados (18.6 por ciento a ZAP urbanas y rurales y 1.4 por ciento a Pobreza extrema) sin que se pudieran validar los proyectos no registrados (70.7 por ciento), por lo que fue imposible verificar que se cumpliera con el 30 por ciento establecido como mínimo para invertirse en dichas zonas y que éste no rebasara el 60 por ciento en los proyectos de incidencia complementaria.
ASF: Cabeza de Vaca pagó 74 mdp por obras fantasmas, inconclusas o deficientes
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