‘Somos médicos, no delincuentes’

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CIUDAD DE MÉXICO.- En al menos 10 estado del País, personal de salud marchó para exigir la liberación del médico chiapaneco Gerardo Grajales Yuca, acusado por presunto abuso de autoridad.

Con batas blancas, caretas y cubrebocas, cientos de inconformes se dieron cita en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Querétaro y Quintana Roo.

En la Ciudad de México, a través de un mensaje grabado, la voz del doctor se escuchó para reivindicar la labor de los trabajadores.

“He sabido los diferentes casos en contra del gremio del personal en salud, no somos criminales, no somos delincuentes, no somos asesinos”, dijo.

El mensaje de voz fue enviado a profesionales de la salud que marcharon desde el Monumento a la Revolución a Palacio Nacional, sosteniendo pancartas con leyendas como: “Somos médicos, no criminales”. .

“A pesar de todos los hechos que se han dictado en mi contra yo soy inocente”, agregó Grajales Yuca, denunciado por Karen Ramírez, hija del ex líder de Mover a Chiapas, Miguel Ramírez, quien murió de Covid-19, por presuntamente pedirle comprar medicamentos para atender a su padre, cuando supuestamente sí había fármacos disponibles en el hospital.

“Si bien no soy un héroe, lo mínimo que requiero es que se demuestre mi inocencia”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal quiere recuperar 200 millones de dólares que Pemex pagó en exceso a Altos Hornos de México (Ahmsa) por la planta chatarra de Agronitrogenados en Veracruz, pero hasta ahora nadie está acusado de un delito específico por autorizar o participar en esa operación.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de Ahmsa, sólo están acusados de lavado de dinero por la compra de una casa de Lozoya en Lomas de Bezares con 34.2 millones de pesos de un supuesto soborno, pero no por la adquisición misma de la planta, celebrada el 20 de diciembre de 2013 por 275 millones de dólares.

Al final de la audiencia de imputación contra Lozoya, el 28 de julio, el juez Artemio Zúñiga prácticamente invitó a la Fiscalía General de la República a presentar cargos por la compra de la planta, luego de escuchar a fiscales, y a funcionarios.