La ejecución extrajudicial durante el operativo en Nuevo Laredo fue grabada por el equipo de uno de los tiradores del Ejército; había al menos otras cuatro en el lugar
Con información de: El Universal
Los soldados presentes en el operativo grabado que reveló el
lunes pasado, en el que se observa a militares
ejecutando a una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
declararon ante el Ministerio Público que todas sus cámaras
estaban apagadas. El video difundido por este diario fue
tomado, sin embargo, desde la torreta de uno de los vehículos
del Ejército.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de julio, cuando
en un operativo murieron 12 personas, entre ellas tres jóvenes
secuestrados, quienes fueron asesinados con un solo disparo a
corta distancia. Los militares declararon horas más tarde ante el
Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR)
que al menos tenían cinco cámaras. Una para cada uno de los
tiradores de los vehículos y otra conectada a una de las
unidades blindadas Sandcat, revela información en poder de
este diario.
Los soldados aseguraron que apagaron las cámaras antes de los
hechos, que estaban desconectadas o que estaban lejos de la
zona. Ninguno reconoció la existencia del video que EL
UNIVERSAL reveló el lunes pasado, grabado por el equipo de
uno de los tiradores, en el que se escucha la orden de matar a
un civil. “Que diga el declarante si tiene conocimiento si alguno
de sus compañeros contaba en el momento de los hechos con
cámara de videograbación”, le pregunta el MP al jefe del vehículo
blindado Sandcat que impacta por detrás a la Cheyenne que
recibió los disparos y que en el video se ve abriendo fuego.
Responde: “El vehículo Sandcat traía una cámara vehicular, pero
en esos momentos no estaba conectada para poder grabar”.
Otro soldado explica que él no traía equipo de videograbación
en su casco, ya que “únicamente los tiradores son quienes lo
portan”. Un tercer militar, que estaba en la Cheyenne que recibió
disparos, declara que apagó la cámara después de que eso
sucediera, y que no estaba cerca del lugar de los hechos: “Ya en
ese momento había apagado la cámara de grabación que porto
en mi casco”.
Otro soldado que viajaba en uno de los vehículos explica que
sabía que el tirador, que estaba en la ametralladora, era quien
llevaba la cámara, pero desconocía si grabó el momento de los
hechos.
En la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, promulgada en
2019, el artículo 32 señala que siempre que miembros de las
instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de
sus funciones, se deberá entregar un reporte pormenorizado a
su superior jerárquico inmediato. El artículo 38 dice que el
material audiovisual será accesible para investigaciones y
procedimientos judiciales.
el Ejército es entregar todo el material de video a la FGR: “Que
sean peritos de la scalía los que vean qué hay en las cámaras,
si los videos están completos o editados, y que un MP federal
pueda considerarlos en su carpeta de investigación”, arma.
“Creo que es una prueba para la FGR y para las Fuerzas
Armadas permitir esto para ver qué tanto es real que quieran
hacer las cosas de forma diferente”, dijo. Martín Alvarado,
abogado de las tres familias de las víctimas que acusan al
Ejército de homicidio doloso, opina que las cámaras fueron
usadas pero las ocultan: “Todos los instrumentos que traen
sirven, si no sirven es porque lo que quieren ocultar es la
verdad”. Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), lo que debería hacer
