Alejandro Paz/ La Expresión
CIUDAD VICTORIA. —Con la llegada de José Luis Aranza Aguilar, a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, fueron revertidas auditorías internas que habían declarado improcedentes las altas de 140 trabajadores por relaciones laborales inexistentes y salarios inflados en una posible “fábrica de pensiones”, lo que reactivó pagos que estarían provocando un quebranto patrimonial superior a los 41 millones de pesos.
LAS EMPRESAS BAJO SOSPECHA
De acuerdo con los expedientes internos CCTAM 326/2024 y 327/2024 consultados por La Expresión, fue durante la gestión del entonces delegado Federico Héctor Marín Martínez cuando se detectaron irregularidades en las empresas “Servicios y Administración de Tamaulipas BKING”, “Flores y Follajes Sánchez”, además de la persona física José Luis Sánchez Constantino.
El Departamento de Auditoría a Patrones documentó que las empresas inscribieron de manera sistemática a por lo menos 140 trabajadores con relaciones laborales inexistentes, semanas cotizadas falsas y salarios inflados, lo que derivó en el otorgamiento de pensiones posteriormente consideradas improcedentes, según consta en los informes internos del instituto.
“No hay un papel de trabajo como evidencia dónde se validó y se determinó la integración del salario base de cotización (…) no hay papeles de trabajo, ni evidencia documental del análisis y determinación de los presuntos trabajadores que son regularizados por el patrón (…) no hay papel de trabajo que se determine el periodo y salario de cada trabajador y las edades de cada uno de los presuntos trabajadores”, señala el oficio 003310 presentado en mayo del 2023.
EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
El descubrimiento de la presunta “fábrica de pensiones” inició cuando Erick Pastor Flores Cervantes denunció a su patrón José Luis Sánchez Constantino por no tenerlo inscrito ante el IMSS.
Sin embargo, la misma investigación reveló que Flores Cervantes era el representante legal de “Flores y Follajes Sánchez”, quien también fue denunciada por la supuesta trabajadora Saida de la Garza Lucio.
Además, dentro de las observaciones que fueron encontradas destacan que los 140 trabajadores afiliados al instituto o regularizados por los “patrones” eran con edades entre los 56 y 72 años.
“No cuenta con recibos de nómina, estados de cuenta bancarios (…) cheques expedidos para el pago de nómina, constancias de retenciones del ISR sobre sueldos y salarios, control de asistencia y puntualidad, cuenta individual del trabajador…”, refiere otro de los documentos internos.
LA SUSPENSIÓN DE PENSIONES
Ante la información recabada por la autoridad, en agosto de 2024 se procedió oficialmente a declarar improcedente el alta de los 140 trabajadores de estas tres empresas, generando la suspensión del pago de pensiones a 40 de ellos, que en seis meses le habían costado al Instituto 17 millones 157 mil pesos.
Tras esta determinación, dos de las tres empresas presentaron el 29 de agosto de 2024 un recurso de inconformidad ante la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del IMSS.
CAMBIO DE DELEGADO, CAMBIO DE CRITERIO
Mientras el recurso permanecía sin resolverse, el 30 de noviembre de 2024 se inició el proceso de cambio de delegado en la representación estatal del Instituto, con la salida de Federico Héctor Marín Martínez y la llegada de José Luis Aranza Aguilar.
Durante seis meses las irregularidades fueron sostenidas por auditorías internas; sin embargo, la situación jurídica de las empresas fue revertida a poco más de un mes del arribo de Aranza Aguilar, cuando el 18 de febrero de 2025, mediante el acuerdo 180225/93, el Consejo Consultivo Delegacional resolvió que dos de las tres empresas tenían la razón en su inconformidad.
LA RESOLUCIÓN QUE RESTITUYÓ LOS PAGOS
Dicha resolución permitió la restitución de derechos a 115 trabajadores, entre ellos 24 pensionados cuyos pagos habían sido suspendidos tras declararse improcedentes las altas.
En el documento en poder de La Expresión consta la firma de José Luis Aranza Aguilar como presidente del Consejo Consultivo Delegacional, así como las de Luis Iber Terán Trujillo, Juan Salvador Portillo Martínez, Ismael Ramiro García Almanza y Candelario García Flores, en su carácter de representantes patronales, además de otras figuras legales del Instituto.
UN PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL MILLONARIO
Como consecuencia de esta resolución, durante 2025 el IMSS realizó pagos por más de 16 millones de pesos, adicionales a ocho millones correspondientes al último semestre de 2024, así como los 17 millones de pesos erogados antes de que se declararan improcedentes las altas.
En conjunto, estas cifras representarían un presunto daño patrimonial superior a los 41 millones de pesos en un periodo de dos años.
No obstante, el monto podría ser mayor, ya que los cálculos corresponden únicamente a 24 de los 140 trabajadores inicialmente dados de alta sin evidencia documental suficiente sobre sus relaciones laborales, semanas cotizadas y salarios.
EL CONTRASTE CON NUEVO LEÓN
En un expediente distinto, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, solicitó y obtuvo de un juez federal autorización para la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Mitras Centro, en Monterrey.
La carpeta de investigación inició en julio de 2023 por el delito de uso de documento falso, tras una denuncia interpuesta por el apoderado legal del IMSS.
El 15 de diciembre fueron vinculados a proceso Fernando “N”, Gerardo “N” y David “N” por los delitos de uso de documento falso, al presuntamente falsear declaraciones y documentos para acreditar relaciones laborales inexistentes y salarios inverosímiles.
Sin embargo, en Tamaulipas no se presentó denuncia ante autoridad federal, pero sí se procedió contra quien alertó sobre esta presunta “fábrica de pensiones”.
La información revela que con auditorías y oficios formales el IMSS afirma la inexistencia de relaciones laborales, aunque después del cambio de administración revierte esa decisión, sin que se conozcan públicamente nuevos elementos probatorios.
