Redacción / La Expresión
La Habana, Cuba. — El Gobierno cubano publicó una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que incorpora formalmente a empresas privadas, cooperativas y trabajadores independientes en proyectos científicos y tecnológicos, además de establecer mecanismos para facilitar la inversión y la colaboración entre entidades públicas y particulares.
Se trata de la Ley 182/2025, aprobada por la Asamblea Nacional el 18 de diciembre de 2025 y publicada el 9 de noviembre de 2026 en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. La legislación entrará en vigor 60 días después de su publicación, es decir, el 8 de enero de 2027.
La disposición busca reorganizar el sistema científico de la isla y ampliar la participación de distintos sectores económicos en el desarrollo de investigaciones, productos tecnológicos y nuevos servicios, en medio de una crisis económica y energética que afecta al país.
Empresas privadas podrán participar en proyectos científicos
Uno de los principales cambios de la legislación es el reconocimiento de las empresas privadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y trabajadores por cuenta propia como participantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Estos actores podrán acceder a programas de capacitación y mecanismos de financiamiento contemplados en la norma, junto con universidades y centros de investigación estatales.
El viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Daimar Cánovas, explicó que uno de los objetivos es incrementar la participación de organizaciones públicas y privadas en los proyectos científicos del país.
La ley contempla capital semilla e inversión privada
La nueva legislación establece instrumentos económicos para impulsar empresas de base tecnológica, entre ellos financiamiento de riesgo y capital semilla.
También contempla la creación de compañías basadas en patentes y marcas, con posibilidades de canalizar inversión privada o extranjera hacia proyectos de investigación e innovación.
Otro mecanismo permite establecer contratos entre entidades estatales y privadas que incluyan regalías y pagos por la comercialización de paquetes tecnológicos.
Estas disposiciones buscan facilitar que los resultados de las investigaciones puedan convertirse en productos, servicios y actividades comerciales.
La participación privada mantendrá condiciones y prioridades estatales
Aunque la normativa amplía las oportunidades para el sector privado, la investigación científica continuará vinculada al marco regulatorio y a las prioridades nacionales establecidas por las autoridades cubanas.
El artículo 118 establece que los recursos se asignarán preferentemente a proyectos relacionados con la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por ello, la ampliación de la participación privada no representa una separación del sistema científico respecto de la estructura estatal.
Cuba cuenta con más de 16 mil empresas privadas
La publicación de la ley ocurre mientras el Gobierno cubano impulsa reformas para ampliar la participación de negocios particulares en distintas actividades económicas.
En la isla funcionan más de 16 mil empresas privadas, que se han convertido en participantes relevantes de la economía nacional.
La legislación científica se suma a los cambios que también han alcanzado sectores como la educación y la administración de farmacias.
Además, coincide con la reorganización institucional que contempla integrar el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente al Ministerio de Educación Superior. El proceso se desarrollará gradualmente durante un periodo de entre seis meses y un año.
Con esta nueva legislación, Cuba establece un marco para incorporar inversión, empresas privadas y cooperación público-privada a sus actividades científicas. Su aplicación comenzará en enero de 2027, cuando entre en vigor la Ley 182/2025.
