Alejandro Paz / La Expresión
Ciudad Victoria, Tamaulipas. — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó investigar a funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por irregularidades en la contratación de proveedores durante la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado.
El organismo federal emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria tras detectar que la Universidad celebró contratos superiores a 300 mil pesos sin acreditar la verificación de las obligaciones fiscales y de seguridad social de los proveedores.
De acuerdo con el resultado 17 de la auditoría número 1877, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, seis proveedores no autorizaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacer pública su opinión de cumplimiento, mientras que ocho presentaron esa misma situación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La ASF también encontró que las constancias correspondientes no estaban integradas en los expedientes administrativos, por lo que la Universidad no acreditó haber verificado si los contratistas se encontraban en alguno de los supuestos legales que prohíben recibir contratos públicos.
Ante las irregularidades, el organismo fiscalizador emitió la acción 2024-9-99A4T-19-1877-08-001, mediante la cual pidió al Órgano Interno de Control competente de la UAT investigar a los servidores públicos que omitieron esas verificaciones y, en su caso, iniciar procedimientos administrativos.
“La Auditoría Superior de la Federación comunica la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control competente o su
equivalente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión no verificaron que los
proveedores se ubicaran en alguno de los supuestos de prohibición de contratación”, afirma el documento.
El señalamiento se sustenta en incumplimientos al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la Resolución Miscelánea Fiscal de 2024 y las disposiciones del IMSS sobre opiniones de cumplimiento en materia de seguridad social.
La Secretaría de Finanzas de la UAT, encabezada por Eduardo García Fuentes, intentó atender las observaciones mediante el oficio SF/012/2026, fechado el 16 de enero de 2026 y recibido por la ASF el día 19 del mismo mes.
El documento, incorporado al informe federal, fue enviado con copia al rector Dámaso Anaya Alvarado y al titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, Roberto Carlos Borrego Borrego.
Sin embargo, después de analizar la información presentada mediante ese oficio y comunicaciones complementarias, la ASF determinó que los elementos aportados eran insuficientes para aclarar las irregularidades y mantuvo sin atender el resultado que dio origen a la promoción sancionatoria.
La revisión federal comprendió 17 resultados, de los cuales doce no presentaron irregularidades, tres fueron solventados durante la fiscalización y dos derivaron en acciones ante otras autoridades, incluida la solicitud de investigación contra funcionarios universitarios.
Los hallazgos contrastan con las recientes declaraciones del rector Dámaso Anaya, quien aseguró que la Universidad mantiene finanzas sanas y que las observaciones de los organismos fiscalizadores son principalmente técnicas.
“Estamos muy tranquilos porque, en términos generales, son muy pocas y son atendidas y solventadas”, declaró el rector al referirse a los señalamientos de la ASF y de la Auditoría Superior del Estado.
No obstante, el informe individual de la Cuenta Pública 2024 dejó documentada una promoción de responsabilidad administrativa por contrataciones realizadas durante su gestión, así como la insuficiencia de la documentación entregada para aclarar el resultado observado.
