Alejandro Paz / La Expresión
Ciudad Victoria, Tamaulipas. — En Tamaulipas, el delegado José Luis Aranza Aguilar firmó el acuerdo que permitió que trabajadores vinculados con empresas señaladas por presuntas operaciones fraudulentas siguieran cobrando pensiones, mientras ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha impuesto restricciones a la Modalidad 40 en todo el país bajo el argumento de combatir los fraudes.
El funcionario permanece al frente de la representación estatal, pese a que las auditorías revertidas durante su administración involucraron 140 afiliaciones cuestionadas y pagos superiores a 41 millones de pesos, según una investigación documental publicada por La Expresión en febrero de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum justificó este jueves las nuevas medidas al revelar que el Gobierno federal detectó mecanismos fraudulentos utilizados para obtener pensiones elevadas, con un impacto económico que estimó en cientos de miles de millones de pesos.
“Encontramos fraudes, digamos, relacionados con el acceso a las pensiones altas”, declaró la mandataria, quien explicó que la regulación busca impedir pagos que no correspondan legalmente a los trabajadores.
El acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, publicado el 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, limita los incrementos salariales para las nuevas incorporaciones a la Modalidad 40 y elimina las inscripciones retroactivas. Las personas que ya se encontraban aseguradas conservarán las condiciones de su periodo contratado.
UNA RED CON 140 TRABAJADORES EN PAPEL
De acuerdo con los expedientes internos CCTAM 326/2024 y 327/2024, durante la gestión del entonces delegado Federico Héctor Marín Martínez se detectaron irregularidades en las empresas Servicios y Administración de Tamaulipas BKING y Flores y Follajes Sánchez, así como en la persona física José Luis Sánchez Constantino.
El Departamento de Auditoría a Patrones documentó registros sistemáticos de trabajadores con relaciones laborales presuntamente inexistentes, semanas cotizadas irregulares y salarios inflados. Los 140 afiliados tenían entre 56 y 72 años, y varios habían obtenido pensiones posteriormente declaradas improcedentes.
Los patrones no pudieron acreditar recibos de nómina, estados de cuenta bancarios, cheques de pago, constancias de retenciones del Impuesto Sobre la Renta ni controles de asistencia.
El oficio 003310, de mayo de 2023, advirtió además la ausencia de documentación que permitiera validar la integración de los salarios y los periodos laborales reconocidos.
“No hay papeles de trabajo, ni evidencia documental del análisis y determinación de los presuntos trabajadores que son regularizados por el patrón”, establece el documento.
La investigación comenzó cuando Erick Pastor Flores Cervantes denunció a su supuesto patrón, José Luis Sánchez Constantino, por no haberlo inscrito ante el IMSS.
Sin embargo, los auditores descubrieron que Flores Cervantes también era representante legal de Flores y Follajes Sánchez, empresa denunciada por otra supuesta trabajadora, Saida de la Garza Lucio. Ese cruce permitió identificar vínculos entre los registros patronales investigados.
Las indagatorias estuvieron a cargo de Herminio Elizondo Quintanilla, entonces subdelegado administrativo del IMSS en Reynosa.
En agosto de 2024, el instituto declaró improcedentes las 140 altas y suspendió las pensiones de 40 trabajadores, cuyos pagos habían representado 17 millones 157 mil pesos durante seis meses.
EL ACUERDO QUE REACTIVÓ LAS PENSIONES
El 29 de agosto de 2024, dos de las empresas investigadas presentaron recursos de inconformidad ante la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del IMSS.
Los procedimientos permanecían pendientes cuando, el 30 de noviembre de ese año, comenzó el relevo de Federico Héctor Marín Martínez y la llegada de José Luis Aranza Aguilar a la representación estatal.
El 18 de febrero de 2025, el Consejo Consultivo Delegacional, presidido por el nuevo funcionario, resolvió favorablemente las inconformidades mediante el acuerdo 180225/93.
La resolución restituyó los derechos de 115 trabajadores, entre ellos 24 pensionados cuyos pagos habían sido suspendidos por las irregularidades detectadas en las auditorías.
El documento obtenido por La Expresión lleva la firma de Aranza Aguilar, junto con las de los representantes patronales Luis Iber Terán Trujillo, Juan Salvador Portillo Martínez, Ismael Ramiro García Almanza y Candelario García Flores.
No se han dado a conocer públicamente nuevos elementos probatorios que expliquen por qué fueron desestimadas las observaciones originales del Departamento de Auditoría a Patrones.
La reconstrucción financiera realizada por este medio identificó 17 millones 157 mil pesos pagados antes de las suspensiones, aproximadamente ocho millones correspondientes al segundo semestre de 2024 y más de 16 millones durante 2025.
En conjunto, las erogaciones cuestionadas superaban los 41 millones de pesos, cifra que representa un posible daño patrimonial sujeto a la determinación definitiva de las autoridades.
El monto podría ser mayor si las pensiones restituidas continuaron pagándose durante 2026, aunque todavía no existe un corte actualizado que permita establecer la cantidad acumulada.
DEL AUDITOR AL ACUSADO
La reversión de las auditorías también estuvo acompañada de procedimientos laborales contra Herminio Elizondo Quintanilla, el funcionario que había participado en la detección del esquema.
El mismo día que las empresas presentaron los recursos de inconformidad, promovieron una denuncia por presunta extorsión contra el entonces subdelegado de Reynosa.
La acusación dio origen al expediente INV-TAM-083/2024, que incluyó un careo con Erick Pastor Flores Cervantes en septiembre de ese año.
Elizondo Quintanilla y otros tres trabajadores, Perla Marisol García Rodríguez, Pedro Casanova García y José Guadalupe Robles Azua, fueron suspendidos siete días durante el procedimiento.
Sin embargo, en noviembre de 2024, Marlén Elissa Cepeda Marín, encargada de la Oficina de Investigaciones Laborales, informó que la investigación había concluido sin sanciones.
La situación cambió con la nueva administración.
El 20 de febrero de 2025, apenas dos días después del acuerdo que restituyó las pensiones, Flores y Follajes Sánchez presentó una segunda denuncia por el mismo motivo, ahora exclusivamente contra Elizondo Quintanilla.
Esta vez la acusación fue promovida por Juan Antonio Martínez, contador de la empresa, y el procedimiento se resolvió en nueve días con la separación del funcionario de su cargo.
Al ser cuestionado por La Expresión en febrero de 2026, Aranza Aguilar sostuvo mediante un mensaje de WhatsApp que “los procesos legales continúan en revisión estricta” y que “la legalidad y transparencia son obligadas”.
El delegado no aclaró si Zoé Robledo había sido informado de las restituciones, si oficinas centrales autorizaron liberar los pagos ni cuál fue su intervención en el procedimiento laboral contra Elizondo Quintanilla.
ZOÉ ROBLEDO RESPALDÓ AL DELEGADO
La investigación llegó a la conferencia presidencial del 3 de marzo de 2026, cuando el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, fue cuestionado sobre los pagos, las auditorías revertidas y la actuación de Aranza Aguilar.
Robledo reconoció que el instituto investigaba mecanismos fraudulentos de pensiones en Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, relacionados con supuestos modelos de pensión privada utilizados para acreditar relaciones laborales y cotizaciones irregulares.
Sin embargo, defendió públicamente al delegado y aseguró que había realizado un trabajo importante para sanear la representación estatal del instituto.
“El delegado, el doctor Aranza […] ha llevado a cabo un papel importantísimo en Tamaulipas para ir saneando esa Delegación”, declaró.
Robledo ofreció revisar la documentación presentada sobre el caso y contribuir a las investigaciones que, según explicó, ya se encontraban en desarrollo.
También reconoció los riesgos que enfrentan los servidores públicos al investigar irregularidades y afirmó que “a un funcionario honesto hay que protegerlo”.
Por su parte, Sheinbaum señaló que correspondía intervenir a las instancias anticorrupción y mencionó a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
EN NUEVO LEÓN, LAS INVESTIGACIONES LLEGARON A LA FGR
En un expediente distinto, la Fiscalía General de la República inició procedimientos penales contra personas señaladas por utilizar documentos falsos para acreditar relaciones laborales inexistentes y salarios inverosímiles en Nuevo León.
La investigación comenzó con una denuncia presentada por el apoderado legal del IMSS en julio de 2023 y derivó en un cateo a un inmueble de la colonia Mitras Centro, en Monterrey.
El 15 de diciembre de 2025 fueron vinculados a proceso Fernando “N”, Gerardo “N” y David “N” por el presunto uso de documentos falsos.
En Tamaulipas, La Expresión no ha documentado una acción penal federal equivalente contra los patrones involucrados en los expedientes CCTAM 326/2024 y 327/2024.
ARANZA RECONOCE FRAUDES AISLADOS Y SIGUE EN EL CARGO
Siete meses después de que el caso llegara a Palacio Nacional, Aranza Aguilar continúa al frente del IMSS en Tamaulipas.
El pasado 12 de octubre, en declaraciones publicadas por algunos medios de comunicación, el delegado reconoció que se habían detectado documentos y declaraciones falsas en trámites de la Modalidad 40.
Sin embargo, describió las irregularidades como casos aislados y aseguró que el instituto había iniciado procedimientos legales o administrativos contra las personas involucradas.
“Quien está en la Modalidad 40, una vez que ha cumplido con todas sus semanas, esté tranquilo”, expresó al garantizar que el IMSS respaldaría las pensiones tramitadas conforme a la ley.
Las declaraciones se produjeron diez días antes de que entraran en vigor las restricciones nacionales anunciadas por el Consejo Técnico del instituto.
Hasta este 22 de octubre, la Dirección General del IMSS no ha dado a conocer públicamente qué resultados produjo la revisión ofrecida por Zoé Robledo en marzo, cuál es la situación de las pensiones restituidas mediante el acuerdo 180225/93 ni cuánto dinero se ha pagado a sus beneficiarios durante 2026.
