Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. —Tras detallar que los planes presupuestales para el próximo año superarían los 600 millones de pesos, Juan José Guadalupe Ramos Charre aseguró que de esta cifra 318 millones se emplearían en el proceso electoral 2026-2027, en donde se elegirían en Tamaulipas 43 alcaldes, 22 diputados locales y ocho federales.
El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) dijo además que de la cifra que será solicitada, cerca de 313 millones de pesos corresponderán al financiamiento público de los partidos políticos, las llamadas prerrogativas.
Al referirse al proyecto que se presenta ante el Consejo General, el funcionario detalló que los recursos del proceso electoral permitirán cubrir la instalación de aproximadamente cinco mil cien casillas, el reclutamiento de casi 47 mil funcionarios de mesa directiva de casilla y la contratación de cerca de tres mil 500 personas en órganos centrales y desconcentrados.
“Este es el importe que corresponde a los proyectos de proceso electoral, porque realmente son dos: el proceso electoral 2026-2027, que ya está en marcha y que concluirá en septiembre del próximo año, pero también el segundo domingo de septiembre arranca el proceso electoral 2027-2028 para la renovación de la gubernatura del estado”, explicó.
Sobre este segundo proceso, Ramos Charre precisó que el presupuesto no lo contempla en su totalidad, ya que sólo incluye el periodo de septiembre a diciembre de 2027, con un monto aproximado de 6.5 millones de pesos.
En cuanto al financiamiento a partidos, recordó que la cifra incluye el gasto de campaña, que en una elección intermedia equivale al 30 por ciento del financiamiento público ordinario.
El presidente del Ietam descartó que el Ietam tenga que pedir una ampliación presupuestal durante el año electoral y argumentó que el proyecto se elaboró bajo la metodología de base cero y que las bases generales del proceso de presupuestación contemplan 200 grandes actividades.
“Primero se determinaron cuáles son las necesidades en términos de los proyectos institucionales, cuáles son los requerimientos de bienes, materiales y servicios; se procedió a la estimación del gasto y a su integración en un todo. De tal suerte que, de transitar en sus términos, evidentemente no se requiere solicitar ampliación presupuestal”, sostuvo.
En comparación con el proceso electoral del 2024, el funcionario reconoció que se solicitó un incremento de prácticamente 60 millones de pesos en el rubro de financiamiento público.
Lo atribuyó, citó Ramos Charre, “fundamentalmente al crecimiento de las variables con las que se estima el financiamiento público, que es el número de personas inscritas en el padrón electoral y, por supuesto, el costo de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.
A ello se suma un aumento cercano a cien millones de pesos en los proyectos de proceso electoral. Ramos Charre explicó que la causa principal es que en 2027 se deberá adquirir el cien por ciento de la documentación electoral, a diferencia del proceso anterior, cuando ese gasto se dividió en partes iguales entre 2023 y 2024.
“Hoy el instituto no pudo llevar a cabo esa estrategia financiera, en gran medida porque las leyes limitan, en el caso en particular a la presidencia del Consejo General, a formular instrumentos jurídicos que trasciendan más allá del ejercicio de su servidor. Por esa razón, todo el gasto de documentación se concentra en el ejercicio 2027”, concluyó.
