Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Con el apoyo de la fuerza pública para facilitar las labores de los actuarios, motivada por una demanda mercantil, la empresa Winner Casino fue sujeta a un desalojo y con ello inicia la pérdida de 200 empleos, en donde uno de los afectados, trabajador del lugar, citó: “hay rumores de que una tal Tania Contreras se quiere quedar con el negocio, ahora sí que desconozco quién sea”.
De acuerdo con versiones de los mismos empleados, el casino les adeuda tres quincenas, “ahorita nos vamos enterando de que vienen a desalojar el inmueble y pues nos sacó mucho de onda porque nos vamos a quedar nosotros sin trabajo, pues prácticamente la empresa va a desaparecer”.
Dentro de las respuestas que recibían por parte de los encargados de Winner Casino, era: “dame chance… Te doy ‘X’ cantidad para llevar la semana y eso, pero al final de cuentas no, ya no se puede con esto”, subrayaron.
Los empleados, tanto administrativos como operativos, reconocieron que no a todos se les adeuda la misma cantidad, por lo que el operativo de desalojo judicial generó alarma e incertidumbre porque la empresa enfrenta el cese definitivo de sus operaciones.
Cabe destacar que el mandamiento derivado de un juicio mercantil tomó por sorpresa a los trabajadores que se encontraban en el inmueble, agravando la situación personal de cada uno de ellos.
A las afueras Winner Casino, los afectados expusieron las promesas incumplidas por parte de los representantes legales del negocio para cubrir los pasivos laborales devengados, bajo el argumento de falta de liquidez.
Agregaron que la empresa les daba abonos parciales que resultaron insuficientes para contener la crisis de la plantilla laboral, según explicaron los propios empleados, quienes señalaron que la respuesta habitual de los administradores consistía en solicitar prórrogas para no pagarles el sueldo.
Cabe destacar que este cierre del establecimiento no sólo cancela las posibilidades inmediatas de recuperar los sueldos, sino que eleva la cifra de desempleo en la capital tamaulipeca en un sólo sector de servicios.
Al contabilizar el impacto de la medida judicial en la estructura de la empresa, el personal afectado urgió a la revisión de sus condiciones contractuales finales tras puntualizar que “somos aproximadamente más de 200 empleados aquí, somos más de 200 empleados” los que quedan desamparados.
