Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Aunque no precisó el número y sólo citó: “se pueden contar incluso por miles”, Jesús Eduardo Govea Orozco, reconoció que se tiene un rezago histórico muy importante en carpetas de investigación, destacando que se está poniendo mucho énfasis abatir ese rezago en materia de desaparición forzada de personas.
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a su llegada al Polyforum capitalino “Rodolfo Torre Cantú”, para participar en la ceremonia cívica de honores al Lábaro Patrio, citó lo siguiente:
“Tenemos rezagos históricos muy importantes tanto en carpetas de investigación que se pueden contar incluso por miles y se está trabajando en ese rezago, pero también lo que quiero decirles es que en donde se está poniendo mucho énfasis es en enfrentar los retos diarios que se tienen por ejemplo en materia de desaparición forzada de personas”.
Reiteró que uno de los principales desafíos de la gestión actual radica en el combate al rezago histórico de carpetas de investigación, las cuales se cuentan por miles tras años de acumulación.
Para enfrentar esta problemática de manera institucional y no temporal, dijo Govea Orozco, la Fiscalía proyecta una reforma formal a su estructura orgánica que creará un área de responsabilidad de alto nivel jerárquico, la cual se dedicará exclusivamente al análisis y resolución de estos expedientes en desuso, transformando el esquema tradicional de abatimiento de rezago.
El fiscal general admite que el paso del tiempo representa un riesgo legal ineludible debido a la prescripción de los delitos en los casos más antiguos, una figura jurídica que tendrá que aplicarse conforme a derecho.
A pesar de lo anterior, destacó que plan de trabajo actual divide esfuerzos para no descuidar los retos emergentes del día a día, con especial énfasis en el fenómeno de la desaparición forzada de personas, un rubro donde recientemente la Vocería de Seguridad reportó avances en la localización de víctimas a partir de la segmentación y atención inmediata de las denuncias recientes.
IMPLEMENTAN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE ESCOLTAS
En otro orden de ideas, Govea Orozco confirmó que la Fiscalía implementa procesos de certificación para escoltas y prioriza cursos de formación y litigación para ministerios públicos, peritos y policías.
“La capacitación es continua para todo el personal sustantivo de la Fiscalía me refiero a policías, peritos y agentes del Ministerio Público; hoy por hoy se está llevando a cabo un proceso de certificación de agentes escoltas, porque hay estándares que el personal de escolta debe cubrir para la permanencia en el servicio”, citó.
Destacó que la Dependencia ha puesto en marcha una estrategia integral que combina el fortalecimiento de sus cuadros operativos y una reestructuración orgánica profunda para atender tanto la demanda diaria de justicia como el acumulado histórico de expedientes.
A través de un programa de profesionalización continua, la institución somete actualmente a sus agentes escoltas a un estricto proceso de certificación, un requisito indispensable para garantizar su permanencia en el servicio bajo los más altos estándares de desempeño.
Esta actualización no se limita a las fuerzas de protección; de manera inmediata, el organismo iniciará los cursos de formación inicial dirigidos a nuevos aspirantes para agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales.
Aunque las autoridades reconocen que los primeros grupos de reclutamiento son moderados, ya se diseña la logística necesaria para ampliar las convocatorias en lo que resta del año, respondiendo a la necesidad permanente de personal calificado en las áreas sustantivas de la institución.
En paralelo a la incorporación de nuevos elementos, la capacitación del personal en funciones se ha concentrado en robustecer las áreas de investigación y litigación oral.
Este enfoque responde a un diagnóstico interno que identificó la urgencia de dotar a los ministerios públicos de mejores herramientas técnicas para enfrentar las audiencias ante los tribunales, buscando con ello ofrecer un servicio más eficaz y reducir los márgenes de impunidad en los delitos de alto impacto, finalizó.
