Redacción/LaExpresión
CIUDAD DE MÉXICO. —El proceso de regularización de la telefonía móvil en el país entra en su etapa más crítica. Al concluir las prórrogas concedidas por la autoridad, se proyecta que entre 14 y 24 millones de líneas telefónicas queden totalmente inhabilitadas al no cumplir con el registro obligatorio ante las empresas operadoras. La cifra representa entre el 10 y el 15 por ciento del universo total de 144.6 millones de cuentas activas en el mercado nacional, según proyecciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
La depuración del padrón no se ejecutará en un solo bloque, sino mediante un esquema escalonado diseñado para evitar el colapso técnico de las redes de comunicación.
El director general de Política Regulatoria de la CRT, Ricardo Castañeda Álvarez, explicó que desconectar a decenas de millones de usuarios de forma simultánea generaría una saturación similar a la que sufren las telecomunicaciones tras un sismo de gran magnitud.
Por ello, a partir del próximo 15 de agosto se suspenderá de manera definitiva el servicio a las líneas cuya terminación sea el número cero, continuando de forma progresiva con el resto de los dígitos hasta concluir el 31 de diciembre de este año.
Con esta estrategia, el órgano regulador prevé que el volumen de líneas debidamente vinculadas a una identidad alcance una cobertura de entre 120 y 130 millones de usuarios.
Las autoridades confían en que los primeros cortes masivos sirvan como un incentivo real para que los rezagados realicen el trámite antes de que venza el plazo correspondiente a su dígito.
Asimismo, se aclaró que un porcentaje considerable del rezago no corresponde necesariamente a usuarios omisos, sino a chips desechados, terminales de punto de venta, rastreadores satelitales y conexiones de internet móvil que figuran de manera formal en los inventarios de las compañías pero que no están asociadas a un individuo.
Desde la perspectiva institucional, se ha descartado por completo la posibilidad de otorgar una nueva prórroga generalizada, limitándose únicamente a una evaluación del estado del mercado una vez que concluya el año.
Castañeda Álvarez enfatizó que los temores ciudadanos respecto al manejo de la privacidad carecen de fundamento, ya que la información no es recabada por el gobierno, sino por los propios operadores de telefonía, quienes ya administran datos de consumo de sus clientes.
El proceso incluye un estricto cotejo de identificaciones oficiales y validación fotográfica mediante la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), una medida que busca frenar el anonimato en la compra de tarjetas SIM y reducir delitos como la extorsión y los secuestros virtuales.
