Redacción/LaExpresión
CIUDAD DE MÉXICO. —El panorama político del estado de Michoacán registra una fuerte sacudida institucional tras la resolución emitida por la Primera Sala del Tribunal Administrativo de la entidad, luego que el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Carlos Barragán, fue inhabilitado por un periodo de 20 años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión dentro del servicio público, luego de ser hallado responsable del desvío de recursos públicos por un monto superior a los cinco millones de pesos, capital que originalmente estaba etiquetado para un programa de becas de apoyo social.
El órgano judicial administrativo determinó que se acreditaron plenamente los elementos constitutivos de la falta grave. Como consecuencia del fallo, además del veto para ejercer funciones gubernamentales, el tribunal impuso una sanción económica resarcitoria en contra del legislador morenista, con la finalidad de restituir el daño y los perjuicios financieros ocasionados directamente a la Hacienda Pública Estatal de Michoacán.
Ante la gravedad del dictamen, la respuesta del diputado no se hizo esperar en el escenario público. Juan Carlos Barragán afirmó de manera tajante que la resolución emitida no se encuentra firme ni tiene carácter definitivo, adelantando que su equipo jurídico interpondrá los recursos de impugnación correspondientes a través de las vías legales vigentes.
El representante popular argumentó que las observaciones técnicas imputadas en su contra fueron puntualmente atendidas y solventadas hace más de seis años, sosteniendo ante la opinión pública que sus cuentas se encuentran completamente claras.
En su posicionamiento, Barragán escaló el conflicto al terreno electoral y descalificó la medida al catalogarla como un ataque político directo diseñado de forma estratégica para descarrilar sus aspiraciones y excluirlo del proceso electoral con miras al año 2027.
Bajo esa línea discursiva, el imputado acusó formalmente a la magistrada ponente de haber incurrido en un conflicto de interés que compromete la debida imparcialidad de la sentencia. Asimismo, señaló que este revés institucional es una represalia por su labor de gestión social en beneficio de sectores vulnerables, tales como familias de escasos recursos y descendientes de elementos policiales caídos en el cumplimiento de su deber.
El legislador concluyó asegurando que mantendrá vigentes sus actividades políticas en el municipio de Morelia, llamando a su base de simpatizantes a la unidad y a la prudencia frente a lo que calificó como una afrenta a su nombre y honor.
