Redacción/LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Un grupo de maestros exige la inmediata destitución del supervisor escolar, Rolando Adrián Maldonado Hernández, a quien acusan de cometer diversas irregularidades administrativas y laborales, así como de ejercer el tráfico de influencias y violar los derechos de los trabajadores de la educación, una problemática que, según expusieron, arrastran desde hace casi un año sin que las autoridades competentes hayan puesto un freno definitivo.
La protesta fue llevada a la escalinata del Palacio de Gobierno, por un grupo de docentes pertenecientes al sector educativo del municipio de Tula, en donde con pancartas en mano plasmaron consignas contra el acoso laboral y el favoritismo.
Los manifestantes, encabezados por Jorge Alberto Valderas Mendoza y María Cristina Martínez Cruz, explicaron que desde agosto de 2025 comenzaron a integrar expedientes que documentan movimientos de personal injustificados y la aplicación de descuentos económicos indebidos a profesores que se encontraban cumpliendo con sus funciones.
A pesar de haber agotado las instancias internas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), los afectados señalaron que las soluciones se han postergado de manera injustificada.
La representación de los maestros detalló que recientemente sostuvieron un encuentro con el titular de la dependencia educativa y con la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, donde se estableció el compromiso de emitir un documento oficial para retirar de su cargo al supervisor señalado; sin embargo, el acuerdo fue incumplido, lo que detonó la movilización hacia la sede del Poder Ejecutivo estatal.
Los portavoces enfatizaron que el movimiento cuenta con el respaldo de más de 120 maestros de la región profunda del Altiplano tamaulipeco, además del apoyo de trabajadores de otros niveles escolares que se han sumado a la exigencia.
Finalmente, los docentes inconformes advirtieron que mantendrán una postura firme y no claudicarán en su protesta hasta recibir una notificación formal por parte de las autoridades.
Solicitaron formalmente la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya para destrabar el conflicto institucional, argumentando que existen las pruebas normativas suficientes para proceder con la destitución del supervisor y restablecer así la certeza laboral y el orden administrativo en los planteles de Tula.
