Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Por negarme a mantener a personal que no se presenta a trabajar, que está en plantilla de relleno y que no cumple con sus horarios de trabajo, el secretario general de la Sección 30, del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, solicitó a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) que fuera destituido como supervisor escolar de la zona 37, de Tula, denunció Rolando Adrián Maldonado Hernández.
En conferencia de prensa, la tarde de este viernes, citó: “Quiero decirles que el origen de este conflicto escala desde hace un año, cuando llego a Tula, Tamaulipas, en función de supervisor escolar y me han solicitado muchas veces que mantenga personal que no se presenta a trabajar”
Detalló que además que: “he sufrido por parte de lo que es mi jefa del sector, la doctora María Cristina Martínez Zúñiga, y también de lo que es la estructura sindical, particularmente por una persona que se hace llamar Humberto Olvera, que no trabaja su segunda plaza, y que vino al Palacio de Gobierno a hacer una manifestación con docentes que no pertenecen a mi zona escolar”.
Ante los medios de comunicación, presentó un extenso expediente documental para denunciar formalmente lo que calificó como una cacería de brujas y una persecución político-sindical en su contra.
El maestro, además de responsabilizar secretario general de la sección 30, también señaló a los mandos medios y superiores de la SET, de fraguar una estrategia de hostigamiento para removerlo de su cargo tras haber detectado y denunciado múltiples anomalías administrativas en la mencionada región del Altiplano.
Reiteró que el origen del conflicto, que se agudizó con una protesta en su contra el pasado miércoles, en la escalinata del Palacio de Gobierno, se remonta al inicio de su gestión en septiembre de 2025, cuando se negó a avalar la permanencia de personal que no se presentaba a laborar, plantillas de relleno y trabajadores con duplicidad de funciones.
Entre los casos específicos documentados, Maldonado Hernández señaló a un empleado que ejerce un cargo administrativo en el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA) mientras cobra sin licencia en la escuela primaria Benito Juárez, enviando a un tercero sin relación contractual a cubrir su espacio.
Maldonado Hernández, denunció que su jefa de sector, María Cristina Martínez Zúñiga, y la estructura sindical han movilizado a docentes de otras zonas escolares ajenas a la suya para simular protestas en el Palacio de Gobierno, ejerciendo presión indebida sobre las autoridades y afectando el derecho a la educación de aproximadamente dos mil 300 alumnos de la región.
El supervisor detalló que la presión ha escalado al ámbito personal y familiar, citando un incidente en el cual personal jurídico adscrito a la Dirección de Primarias ingresó de manera arbitraria y con engaños a una propiedad privada arrendada por su familia, donde se atiende la salud de su madre, con el propósito de amedrentar a los ocupantes con supuestos embargos y desalojos.
Ante el clima de hostigamiento y tras el diagnóstico de un trastorno de ansiedad con ataques de pánico derivado de estos hechos, Maldonado Hernández y su asesor legal, el abogado Omar Alfonso Machado Amaya, promovieron un juicio de amparo que les otorgó un fallo protector federal, al tiempo que recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos para denunciar las omisiones de la SET, cuya inacción frente a los reportes oficiales fue calificada por el quejoso como una forma de corrupción.
Pese a haber solicitado y obtenido su cambio de adscripción para el próximo ciclo escolar a través de los canales institucionales de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), el funcionario afirmó que concluirá el periodo vigente en su puesto actual en estricto apego a la legalidad y con el respaldo de diez escuelas de su zona que continúan laborando con normalidad.
Finalmente, el supervisor hizo un llamado al Gobierno del Estado y a las autoridades fiscales para que investiguen las presuntas conductas ilícitas que dañan el erario, como el caso de un coordinador sindical en Tula que ejerce simultáneamente como regidor en el Cabildo de Jaumave, sin contar con la licencia respectiva, instando a las instituciones a recuperar su autonomía y frenar el uso de la estructura educativa como una herramienta de persecución política.
ABOGADO DEL SUPERVISOR DEMANDA REPARACIÓN DE DAÑO
En otro orden de ideas y en la búsqueda de una reparación integral por daño moral y a la vez frena filtraciones malintencionadas, el abogado Omar Alfonso Machado Amaya, defensor del doctor Rolando Adrián Maldonado Hernández, aclaró el estatus jurídico de la demanda entablada por el supervisor de la zona 37 con sede en Tula, Tamaulipas.
El litigante denunció públicamente la filtración negligente e indebida de datos procesales, señalando que se ha difundido una cifra económica inexacta con la aparente intención de escandalizar a la opinión pública.
Al respecto, enfatizó que el proceso no contempla una multa ni un beneficio económico arbitrario, sino una acción en la vía civil que persigue la reparación integral del daño moral sufrido por el afectado en sus ámbitos emocional, psicológico y profesional.
El especialista en derecho explicó que el juicio se encuentra plenamente vigente y en pleno desarrollo de su periodo probatorio ante los tribunales de Ciudad Victoria, una sede elegida por estricta estrategia técnico-procesal amparada por la codificación civil del estado de Tamaulipas.
Asimismo, puntualizó que la contraparte fue debidamente notificada y emplazada en su domicilio en el municipio de Tula, perdiendo de manera definitiva los plazos legales para apelar la competencia territorial de los juzgados capitalinos.
Machado Amaya subrayó que la reparación demandada va más allá del rubro monetario e incorpora prestaciones no económicas, tales como la exigencia de una disculpa pública y medidas de restitución que dignifiquen la imagen del supervisor escolar.
De manera paralela al juicio civil, la defensa legal del Supervisor escolar dio a conocer la obtención de varios fallos protectores mediante juicios de amparo promovidos ante la justicia federal. Dichos recursos constitucionales se interpusieron en respuesta a señalamientos infundados y presuntos actos de acoso institucional atribuidos a mandos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y de la Subsecretaría de Educación Primaria.
Como resultado de estas acciones, tanto las unidades de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado como la Fiscalía Anticorrupción notificaron formalmente a los juzgados de distrito la total inexistencia de carpetas de investigación o denuncias penales en contra de Maldonado Hernández, desarticulando las acusaciones vertidas públicamente por actores del sector.
Por su parte, el Rolando Adrián Maldonado Hernández ratificó su postura de apertura institucional y respeto al marco de la legalidad, recordando que antes de llegar a las instancias judicializadas intentaron una mediación en el Centro de Mecanismos Alternativos del Supremo Tribunal de Justicia.
El supervisor escolar lamentó que dichos esfuerzos de conciliación y armonía laboral hayan naufragado debido a la interferencia de la representación del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y al presunto desacato de directivas de nivel a las órdenes de diálogo emitidas por la Subsecretaría de Educación Básica, reiterando que su prioridad se mantiene en la defensa de sus derechos fundamentales y en el correcto funcionamiento del servicio educativo, finalizó.
