Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Los mecanismos que ha empleado la exsecretaria de Bienestar Social, Yahleel Abdala Carmona, para retrasar las audiencias del proceso penal que enfrenta, por un presunto desfalco superior a los mil millones de pesos en la adquisición de paquetes alimentarios, le están dando más solidez al caso para que termine en una sentencia que la llevaría a la cárcel y/o a la reparación del daño.
Bajo este contexto se expresó Andrés Norberto García Repper Favila, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Tamaulipas, quien aclaró que los jueces de control se encuentran obligados a vigilar de manera estricta el cumplimiento del debido proceso, por lo que la autoridad judicial debe otorgar los plazos necesarios para evitar que en el futuro se aleguen violaciones a las garantías individuales de la imputada.
El fiscal anticorrupción reconoció que la exfuncionaria ha recurrido al uso de diversas incidencias previstas en la Ley para postergar el avance de las indagatorias formales en los tribunales de Tamaulipas.
Como se recordará y de acuerdo con el desglose ministerial, la defensa de Abdala Carmona opuso inicialmente una serie de excusas de índole médica que tuvieron que ser validadas y tramitadas ante el Juzgador, a lo que se sumó recientemente una solicitud de aplazamiento motivada por un cambio en su equipo de asesores jurídicos, lo que obliga al Tribunal a conceder un tiempo perentorio para que los nuevos litigantes conozcan a fondo el contenido que integran la carpeta de investigación.
García Repper Favila minimizó la percepción de que las tácticas que ha empleado la también exdiputada local representen una evasión definitiva de la justicia, insistiendo en que asegurar un proceso blindado en materia de derechos humanos es el único camino para obtener una resolución sólida.
Al ser cuestionado sobre si el Poder Judicial del Estado asignará un defensor de oficio ante la recurrente rotación de sus abogados particulares, el fiscal especializado acotó que es una atribución que recae exclusivamente en los jueces encargados de la causa, quienes deberán garantizar que la exsecretaria mantenga una representación técnica idónea en las próximas etapas procesales.
