Ciudad de México. Sin importar de dónde sean o a donde vayan, las niñas, niños y adolescentes tienen derechos y éstos viajan con ellos. Son muchas las causas que han provocado el fenómeno migratorio del cual hemos sido testigos: la violencia que se vive en las comunidades o países de origen, la situación de pobreza que limita las oportunidades de crecimiento de las personas, la reunificación familiar, los desastres provocados por fenómenos naturales que obligan a poblaciones enteras a desplazarse, entre otras razones. Quienes han decidido migrar tienen como común denominador la búsqueda de una mejor calidad de vida en un país que les ofrezca desarrollarse plenamente y gozar de una protección integral a sus derechos, es decir, tener acceso a educación, seguridad social, servicios de salud y nutrición adecuados, protección contra la violencia y, sobre todo, la salvaguarda de su integridad.
México es un país de destino, tránsito y retorno de población migrante, principalmente procedente de países que componen al Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Desde finales de 2018, con la presencia de las caravanas migrantes ocurrió un aumento del flujo migratorio en las fronteras norte y sur del país, alcanzando cifras que antes no se podían imaginar. Esta situación se sumó al Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, que obligó a miles de personas en situación de migración a esperar en México mientras su solicitud de asilo en aquel país se resolvía. Aun con la pandemia de la COVID-19 y las restricciones de movimiento, en 2020, la migración no se detuvo.
Gracias a la labor que se ha hecho en torno a la protección de la niñez en situación de migración y la respuesta ante la emergencia por COVID-19, la oficina de UNICEF en México recibió el Premio Nacional de Protección Civil 2020.
