Información/CynthiaGallardo
Tampico, Tamaulipas.- Para la Asociación Mexicana Nacional de Hoteles y moteles del sur de Tamaulipas el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que se realiza modificaciones a las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el “libre acceso y tránsito” vulnera los derechos fundamentales y garantías individuales plasmados en la Constitución.
El presidente del organismo, Íñigo Fernández Bárcena explicó que la medida al derecho a la propiedad privada, perjudica a los particulares al obligarlos a establecer pasos de servidumbre al interior de sus propiedades aún cuando exista alguna compensación de por medio.
Expresó que la Asociación Mexicana Nacional de Hoteles y Moteles, observó que el presente decreto no arroja, ni adiciona, ni añade nada nuevo que no haya sido previamente legislado, con excepción del aumento del importe de las sanciones y la autorización legal de vulnerar derechos de propiedad para ingresar a las playas.
Fernández Bárcena dijo que la situación de la zona hotelera en playa Miramar no presenta situación alguna respecto a la libre accesibilidad de la población para el goce y disfrute de ese atractivo turístico, ya que el diseño y proyecto de desarrollo en la zona hotelera siempre ha contemplado, incluso ha sido materializado, con la construcción de accesos peatonales desde el boulevard costero; es decir, desde la vía pública, hasta la zona federal contigua al mar, lo que permite el libre acceso y tránsito.
Indicó que los accesos a playa Miramar cuentan con módulos de: sanitarios, vestidores, área de regaderas y módulo de renta de sillas, además de contemplar un espacio incluyente el cual cuenta con una palapa de descanso y un contenedor metálico para la recolección de plástico PET.
Por último, dijo que en solidaridad con otras playas turísticas del país que tienen condiciones y circunstancias diferentes a la zona hotelera de playa Miramar, es importante señalar que el presente decreto traslada a los particulares, la responsabilidad de los accesos y libre tránsito a la playa cuando no existan vías públicas, cuando en realidad son precisamente los gobiernos, quienes deben garantizar la apertura y habilitación de accesos al mar.
