Alejandro Paz/La Expresión
Ciudad Victoria.- La campaña de desprestigio e intimidación por la que es investigado el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández ha sido utilizada nuevamente contra un medio de comunicación de Tamaulipas después de revelar pagos a una empresa “fantasma”, derroche de recursos públicos además de la contratación de constructores con historial de obras defectuosas y de mala calidad.Desde una FanPage suplantada y administrada desde Estados Unidos comenzaron a desprestigiar al periódico digital La Expresión.La estrategia coincide con la documentada en el expediente FED/TAMP/MAT0001939/2019 de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Hernández López alias “La Borre”, el director de Comunicación Social, Miguel Garay Ávila, su hijo Miguel Garay Torres.El nueve de agosto de este año los servidores públicos fueron denunciados por la probable comisión de delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística.La periodista Claudia Velázquez Leyva asentó en su denuncia que Garay Ávila y su hijo Garay Torres por órdenes del presidente municipal mediante la página de Facebook “Noticias Tamaulipas” realizaron publicaciones en su contra.La reportera del periódico “Contacto de Matamoros” y directora del portal de noticias “Punto Informativo” asentó que los hechos ocurrieron después de haber señalado las deficiencias y negligencias en las que había incurrido la administración municipal.Desde el pasado 17 de julio a la fecha el periódico digital La Expresión ha documentado casos en que el gobierno de Matamoros otorgó presupuesto municipal a empresas “fantasmas”, derroche de recursos públicos y la contratación de constructores con historial de obras defectuosas y de mala calidad.Después de las publicaciones la página electrónica www.laexpresion.com.mx ha sido atacada con envíos masivos de solicitudes con la intención de ver disminuida la capacidad del sitio web para administrar varias solicitudes y lograr que no funcione correctamente, los denominados ataques DDOS.El ataque busca generar que no se pueda tener acceso a la información que exhibe al municipio fronterizo, pero al no lograrlo la estrategia sufrió un cambió, por lo que mediante perfiles falsos o páginas de Facebook comenzaron a desprestigiar al medio de comunicación.En el caso investigado por la FGR se utilizó la pagina “Noticias Tamaulipas”, creada en enero del 2018 y administrada por cuatro personas en México.Mientras que para “atacar” al periódico digital La Expresión crearon la FanPage “Vanguardia Tamaulipeca”.Esta página de Facebook es “alimentada” con enlaces de notas publicadas en el periódico “Vanguardia” ubicado en Saltillo, Coahuila.Vía telefónica el medio coahuilense se deslindó de las publicaciones realizadas en dicha fanpage, asegurando que estaban suplantando su identidad.A diferencia de la primera, esta última es administrada desde Estados Unidos por dos personas que la crearon el pasado 13 de agosto, el mismo día en que se publico el alcalde Mario Alberto López Hernández ha concentrado desde el inicio de su administración un millón 556 mil 332 pesos con 48 centavos con el proveedor “G3 ITTERACT S.a de C.v” por el arrendamiento de computadoras, impresora y un proyector portátil en siete adjudicaciones directas.La empresa según el Registro Publico del Comercio (RPC) fue creada el 26 de agosto del 2016 por Griselda Cristina De la Tovilla Treviño y Eduardo Arturo Aldrete Torres con un total de 50 acciones, vigiladas por el comisario José Alberto Deveze Martínez, con dirección visible en la calle Jacarandas número 156 en la colonia Jurica en Querétaro.La Expresión descubrió que esta no ha sido la única empresa de aquel estado que ha recibido contratos por parte del gobierno fronterizo, y es que el dos de agosto de este año se dieron a conocer los contratos con la constructora “Viarium S.A de C.V” formada por Efraín Rojas Longoria y Gustavo de la Lama Briceño.La queretana fue creada el 18 de febrero de 2019 en la notaria número Cinco de San Juan del Rio Querétaro en un domicilio inexistente y 63 días después obtuvo los contratos MAT-OP-OD-027/2019 y MAT-OP-Hidrocarburos-RM-010/2019 por un monto de cuatro millones 32 mil 182 pesos con 11 centavos.La información dada a conocer de manera más reciente es la que involucra al edil fronterizo con contratos de obra entregados al empresario Porfirio Gutiérrez Argüelles quien fue identificado por la Auditoria Superior de la Federación de haber realizado con la empresa “Desarrollos y Urbanizaciones de la Frontera” un Distribuidor Vial en Altamira.La auditoría a Inversiones Físicas 10‐2‐09J2Y‐04‐1054 detectó hundimientos, deformaciones y desplomes en los muros de contención por lo que la obra desde entonces fue llamada “El Puente Roto”.En 2018 la API aseguró que la empresa de Porfirio Gutiérrez Argüelles había sido vetada, pero en octubre del mismo año el empresario adquirió la empresa “Construcciones Lobar” según la escritura pública numero 25545.Aún con los antecedentes recabados por la Auditoria Superior de la Federación, el alcalde Mario Alberto López Hernández aprobó darle los contratos, MAT-OP-OD-002/2019 por dos millones 755 mil 991 pesos con nueve centavos, el MAT-OP-OD-026/2019 por 909 mil 946 pesos con 55 centavos y el MAT-OP-Hidrocarburos-RM-011-2019 por un monto de 859 mil 527 pesos con 15 centavos.Las empresas “LR Proyectos y Estructuras de México” y “Constructora LLG de Matamoros” son propiedad de Luis Lauro Gutiérrez González, familiar de Porfirio Gutiérrez Argüelles.De estas empresas el periódico digital La Expresión también descubrió que además de compartir administrador se encuentran en el mismo domicilio ubicado en la Avenida Sendero Nacional en la colonia López Portillo.Estas últimas, recibieron en cuatro meses 25 millones 239 mil 888 pesos con cinco centavos de alias “La Borre”.Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión los delitos que se configuran ante los ataques a medios de comunicación corresponden al artículo 66 párrafo segundo de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.Y por la comisión de este delito se impondrá de dos a nueve años de prisión y de 70 a 400 días, multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público.
