Código Penal obliga a Fiscalía iniciar investigación vs edil de Matamoros

Con información de: Alejandro Paz/La Expresión

Ciudad Victoria.- El Código Penal de Tamaulipas obliga a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a iniciar un procedimiento penal contra el alcalde de Matamoros, Mario Alberto Hernández López al contratar unidades de transporte especializado sin concesión, permiso o autorización de las autoridades competentes.

La ley del Transporte del Estado de Tamaulipas en su artículo 92 Bis establece que los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte en las modalidades de especializado y carga, así como de los servicios auxiliares deberán contar con una antigüedad máxima autorizada de 12 años, incluyendo el transporte escolar.

Sin embargo, la administración municipal de alias “La Borre” o “Gansito” contrató cuatro autobuses marca Ford B600 y B700 de modelo 1994, tres Freightliner, dos modelo Thompson y uno F565 de modelos 1998, 2000 y 2002, respectivamente, también se rentaron dos autobuses marca International 3800 de modelo 1995 y 2000.

En enero de 2019 mediante adjudicación directa aprobada por el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales se autorizó el arrendamiento de otros ocho autobuses; cuatro marca Ford B600, B700, ambos modelo 1994 y también por unidades marca Freightliner, dos tipo Thompson y uno F565 de modelo 1998, 2000 y 2002, así como un autobús marca International tipo 3800 modelo 2000.

Debido a la antigüedad la ley de Transporte se impide a entregarles alguna concesión, por lo que al prestar el servicio público de transporte, son acreedores a una multa de doscientas ochenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización tratándose de transporte individual de pasajeros y especializado.

Además de una multa de cuatrocientas ochenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando se aplique a transporte colectivo de pasajeros, transporte de carga y a los servicios auxiliares.

La celebración de estos contratos atentó contra la seguridad de los medios de transporte, vías de comunicación, la libre circulación de vehículos y la correspondencia según lo establecido en el Código Penal de Tamaulipas.

Y es que en el artículo 174 bis se señala como delito a quien por sí o por interpósita persona preste el servicio público de transporte de pasajeros, individual o colectivo, sin concesión, permiso o autorización.
La sanción por el delito anterior es de uno a cinco años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Además de la suspensión por un año de la licencia para conducir y menciona que en caso de reincidencia, será revocada definitivamente la licencia para conducir.

El mismo articulado añade que si en la comisión del delito tuviere intervención cualquier integrante del Consejo Estatal del Transporte, servidor público adscrito a la dependencia de la administración pública estatal encargada de regular el transporte público en el Estado, socio o representante legal de una empresa concesionaria o permisionaria del servicio público de transporte y se cometiere bajo el amparo de aquella, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que corresponden por el delito cometido.
Esta ley tuvo una reforma el 21 de diciembre del 2016 y señala que este delito se perseguirá de oficio.

Los contratos quedaron inscritos como MAT-EDU-AR con folios 96/2019, 97/2019, 98/2019, 149/2019,66/2018, 67/2018,68/2018,69/2018,70/2018,71/2018,72/2018,73/2018, 74/2018,
 77/2019, 78/2019, 99/2019, 100/2019,101/2019, 102/2019, 104/2019 y 105/2019
La administración municipal identificó como proveedores de este servicio a Elsa Sarife Jorge Muñoz, Jesús Ricardo Zaragoza Carpio y la empresa “Corefamex”, cuyo representante legal es Natalia Viridiana Trujillo Amaya.

Cabe mencionar que algunos de los contratos a los que tuvo acceso el periódico digital “La Expresión” fueron firmados en abril de este año por el oficial mayor Carlos Iran Ramírez González, segundo sindico Isidro Jesús Vargas Fernández y el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro Villafañez Zamudio.

En las clausulas de los contratos refiere que el Ayuntamiento asumió el costo de mantenimiento, operación y suministro diario de 40 litros de diesel para las unidades, así como el pago mensual de 31 mil pesos.
Es decir, que de octubre del 2018 a junio del 2019 el gobierno municipal pagó un millón 953 mil pesos a unidades del transporte escolar con una antigüedad de hasta 25 años.