Rubén Torres/LaExpresión
TAMPICO, Tamaulipas. —Organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTTTI+ lanzaron una alerta social ante el Congreso de Tamaulipas.
Su exigencia es que los avances legislativos en materia de diversidad sexual se traduzcan en presupuestos reales y acciones concretas, y no solo en reformas aprobadas; además de rechazar iniciativas que, a su juicio, representan un retroceso para la salud pública y los derechos humanos.
En un posicionamiento conjunto, Tamaulipas Diversidad VIHda Trans A.C., representada por Ana Karen López Quintana, y Tendremos Alas A.C., encabezada por Celso Pérez Ruiz, respaldaron el trabajo de la diputada Lucero Deosdady Martínez López.
Le reconocieron en particular las reformas que permitieron aprobar la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI+ y el artículo 92 Bis de la Ley de Salud estatal.
Las agrupaciones también apoyaron la iniciativa de la legisladora para reformar el artículo 29 de esa misma ley. La propuesta busca impulsar la creación de Institutos Municipales de Atención a la Diversidad Sexual con personalidad jurídica.
Sin embargo, advirtieron que estas instancias no deben quedarse como oficinas sin capacidad operativa. Por ello exigieron a los ayuntamientos de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo que les asignen partidas presupuestales propias y adecúen sus reglamentos municipales para garantizar que funcionen.
Uno de los señalamientos más directos fue para una regiduría de Tampico, a la que acusaron de usar de forma incorrecta el Anexo Transversal 33 para ganar posicionamiento político.
Las organizaciones explicaron que ese instrumento forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federación y contempla recursos para dependencias federales, así que ningún regidor ni comisión municipal tiene facultades para administrar o repartir directamente esos fondos.
Lo que sí les corresponde a los gobiernos municipales, subrayaron, es destinar recursos propios para atender a los sectores históricamente vulnerados. Por eso anunciaron que vigilarán el ejercicio del gasto público municipal para evitar simulaciones o su uso con fines de proselitismo.
En el terreno legislativo, las asociaciones rechazaron la propuesta del diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo para tipificar el stealthing, que consiste en retirar o dañar a propósito el preservativo durante un encuentro sexual sin el consentimiento de la otra persona. La iniciativa plantea sanciones de hasta diez años de prisión.
A su juicio, aumentar las penas y mantener vigente el delito previsto en el artículo 203 del Código Penal estatal podría provocar que personas con riesgo de infecciones de transmisión sexual dejen de hacerse pruebas o de pedir profilaxis posexposición (PEP) por miedo a enfrentar un proceso penal.
Celso Pérez Ruiz sostuvo que Tamaulipas todavía tiene pendientes importantes en materia de derechos de la diversidad sexual. Entre ellos enumeró una Ley de Identidad de Género Administrativa, la tipificación de los crímenes de odio, la derogación del artículo 203 del Código Penal, que habla del peligro de contario, una Ley de Inclusión Laboral Trans y un presupuesto estatal y municipal etiquetado para la atención comunitaria.
Por último, las organizaciones llamaron a los integrantes de la 66 Legislatura y a los 43 ayuntamientos de Tamaulipas a trabajar en coordinación con la sociedad civil. Pidieron que las políticas públicas, el presupuesto y los derechos humanos estén por encima de los intereses políticos o electorales.
