Patricio Lerma y Martín De Luna/LaExpresión
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. — María Perla Olazarán Pérez, quien se dijo propietaria del rancho “San Pedro de los Ruices”, y su esposo Lauro Esteban Olmeda Villarreal, junto con familiares y amigos, se manifestaron para reclamar que el magistrado Rubén Darío Silva Saldívar, a quien calificó de “centavero”, dictó un fallo en su contra.
Con esa resolución, dijo, la están obligando a entregar diez hectáreas de su propiedad a Román Cano Cabrera, vecino de Estación Santa Engracia, aunque ella asegura tener escrituras legítimas desde hace 50 años.
“Estoy inconforme con la decisión que tomó este señor. Me quiere quitar mi rancho, un rancho con escrituras, que tengo desde hace 50 años. Es una herencia de mis padres”, expresó, rodeada de hermanos y sobrinos.
Según explicó, el conflicto empezó hace unos cinco años, cuando Cano Cabrera, dueño de un predio colindante, quiso comprarle el rancho. Al no conseguirlo, la demandó y pidió la reivindicación de diez hectáreas que, según él, le pertenecen.
“Le dijimos que no está en venta, y entonces él me demanda. Mis escrituras están legalmente registradas, con impuestos estatales, municipales y federales pagados, y tengo un plano oficial de hace 50 años”, señaló.
La afectada sostuvo que el plano de la contraparte no está registrado ni ante el Municipio ni ante el Estado. También dijo que ninguna de las mediciones que hicieron cinco peritos coincide con lo que se reclama. “Las medidas no dan, mis medidas están completamente dentro de mi propiedad. Entonces, ¿cómo quieren que le entregue mi rancho?”, cuestionó.
Su esposo, Lauro Esteban Olmeda Villarreal, mostró un certificado del Registro Público de la Propiedad que, según dijo, consiguieron tras el cambio de gobierno. Asegura que el documento demuestra que la escritura de Cano Cabrera no tiene antecedentes registrales.
“El Director Jurídico nos está dando el certificado donde la escritura de la contraparte no tiene antecedentes, no tiene validez jurídica. Aun así, sin tomar en cuenta los documentos ni el Código Civil, el Magistrado le está dando la razón”, afirmó.
Añadió que, por medio de sus abogados, pidieron varias veces que se investigaran la escritura y el plano del demandante, pero aseguró que eso nunca ocurrió.
La familia identificó el expediente como el amparo directo 125/2022. Olazarán Pérez acusó directamente al magistrado de haber recibido dinero a cambio del fallo, aunque no presentó pruebas de ese señalamiento.
“Estoy completamente segura de que el señor agarró dinero. Es un centavero, y se lo puedo decir en su cara. Si no tuviera la razón, yo no estaría aquí peleando lo que me pertenece”, sostuvo.
Anunció que presentará una denuncia penal contra quienes firmaron la resolución. También dijo que en unos dos días viajará a la Ciudad de México para que su caso sea escuchado, pues considera que hubo abuso de autoridad.
Además, pidió la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya. “Pido justicia, que me apoye y que esto llegue a donde tenga que llegar. Este señor (el Magistrado) no puede estar en un puesto”, expresó.
Para cerrar, invitó a otras personas en su situación a alzar la voz. “Yo pienso que, así como estoy yo hay mucha gente. Que no se queden calladas, que salgan a reclamar lo que es suyo”, finalizó.
