Rubén Torres/LaExpresión
NUEVO LAREDO, Tamaulipas. —Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a Edith “N”, exagente del extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), por su presunta participación en la masacre de ocho personas ocurrida el 5 de septiembre de 2019 en Nuevo Laredo, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de la seguridad pública en el estado.
La exoficial, quien formó parte de la corporación durante la administración estatal anterior, fue aprehendida en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de allanamiento de morada, falsedad en informes dados a una autoridad, homicidio calificado y abuso de autoridad.
Aquel cinco de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas difundió un comunicado en el que aseguraba haber “abatido” a ocho civiles armados durante un enfrentamiento entre fuerzas del orden e integrantes de un grupo delictivo local.
Sin embargo, la versión oficial se vino abajo. Investigaciones del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sustentadas en testimonios, videos y pruebas forenses, demostraron que las víctimas habían sido sacadas previamente de sus domicilios por elementos del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), corporación que más tarde se transformó en GOPES.
Los jóvenes fueron trasladados contra su voluntad a una vivienda de la colonia Valles de Anáhuac. Ahí, de acuerdo con las investigaciones, los agentes los obligaron a vestir uniformes tácticos de tipo militar y después les dispararon a corta distancia para simular que se trataba de delincuentes caídos en combate.
Para completar el montaje, los uniformados colocaron armas junto a los cuerpos y llevaron hasta el lugar una camioneta con blindaje artesanal, con la intención de alterar la escena y hacer creer a la opinión pública que había ocurrido un tiroteo legítimo.
Las víctimas fueron identificadas como Wilbert Irrastreto Pérez, de 20 años; Juana Jetzel Graciano Magaña, de 20; Cindy Esmeralda Briseño Chapa, de 39; Luis Fernando Hernández Viesca, de 19; Enrique Pérez Chávez, de 20; Jennifer Hazel Romero López, de 21; José Daniel Saucedo Hernández, de 19, y Severiano Treviño Hernández, de 34 años.
Casi tres años después, el 12 de agosto de 2022, el Gobierno de Tamaulipas reconoció formalmente su responsabilidad institucional. A través de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, ofreció una disculpa pública a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.
En aquel acto, las autoridades admitieron que los agentes del CAIET y de la Policía Estatal actuaron de manera ilegítima, unilateral e indebida, que fabricaron el supuesto hecho delictivo y que cometieron graves violaciones a los derechos humanos para evadir su responsabilidad penal.
El sacerdote Carlos Ramírez Moreno, familiar de una de las jóvenes asesinadas, aceptó la disculpa a nombre de los deudos, aunque subrayó que el sufrimiento de las familias pudo evitarse si desde el principio se hubiera reconocido el mal actuar policiaco.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México destacó entonces la importancia de ese reconocimiento, mientras que los familiares resaltaron el acompañamiento del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sin el cual la verdad difícilmente habría salido a la luz.
Tras su captura, Edith “N” fue puesta a disposición de la autoridad judicial y en las próximas horas enfrentará la audiencia inicial en la que se definirá su situación jurídica.
En ella, el Ministerio Público presentará las pruebas para solicitar su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluida mientras avanzan las investigaciones complementarias para determinar su grado de responsabilidad en la masacre.
