Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Al detallar que el monto observado supera los ocho millones de pesos, Norma Angélica Pedraza Melo confirmó que se presentó al menos una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y se turnó al Tribunal de Justicia Administrativa un expediente por presuntas faltas administrativas graves en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA)
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que las irregularidades se detectaron a partir de auditorías y que el resto de los casos sigue su curso.
“En el caso del ITCA, en su momento también por auditoría, se han determinado algunos temas como presuntas faltas administrativas graves. En ese caso, compartirle que ya una la hemos presentado al Tribunal de Justicia Administrativa y también su correspondiente denuncia a la Fiscalía. El resto sigue su proceso”, señaló.
Sobre el monto, la funcionaria precisó que la investigación administrativa tiene “un monto observado, cuantificado de ocho millones de pesos, un poquito más de ocho millones de pesos”.
Además, el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) también está bajo revisión, confirmó Pedraza Melo quien indicó que algunos expedientes ya fueron enviados al Tribunal de Justicia Administrativa por presunción de falta grave. Uno de ellos, correspondiente a la administración pasada, asciende a poco más de seis millones de pesos, aunque aclaró que no recordaba la cifra con precisión.
“Ya competen las graves, su resolución, al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía. A esta institución solo le corresponde la resolución o aplicación de sanciones de faltas no graves”, destacó.
La secretaria detalló que, en el ámbito de su competencia, la ley de responsabilidades administrativas le permite aplicar amonestaciones privadas y públicas, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones. Estas últimas, aclaró, tienen un límite de hasta un año.
“Lo que puedo compartirte es que en lo que va de esta administración se han emitido por las autoridades resolutoras en nuestra institución 247 sanciones entre amonestaciones, suspensiones e inhabilitaciones”, afirmó.
Las sanciones alcanzan tanto a servidores públicos de la actual administración como de la anterior. En el caso de exfuncionarios, explicó, la sanción aplicable es la inhabilitación, ya que al no estar en activo no procede una amonestación o una suspensión.
Pedraza Melo evitó dar detalles sobre los nombres de los funcionarios investigados al momento que argumentó que, aun con una sanción de por medio, tienen derecho a acudir a recursos legales y amparos para su defensa.
“Somos muy cuidadosos, de tal manera que cuando ellos acuden a las instancias y recursos, nuestro proceso es observado bien, porque no hemos incumplido ninguna violación al debido proceso o a la presunción de inocencia”, finalizó.
