Alejandro Paz / La Expresión
Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Una diferencia aproximada de 477 millones de pesos entre la inversión reportada por Grupo HYCSA a la Bolsa Mexicana de Valores y la declarada por el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, abre un nuevo cuestionamiento sobre el costo de la autopista Mante–Ocampo–Tula, que además mantiene trabajos pendientes.
Durante una entrevista, el funcionario aseguró que la inversión acumulada asciende a unos nueve mil 340 millones de pesos.
Sin embargo, el informe financiero de HYCSA correspondiente al tercer trimestre de 2025 establece un monto de ocho mil 862 millones 735 mil 409 pesos, cifra que la empresa mantuvo en su reporte del segundo trimestre de 2026.
La diferencia entre ambas cantidades es de aproximadamente 477.26 millones de pesos, sin que durante la entrevista el secretario presentara un desglose que permitiera identificar su origen.
El reporte de HYCSA precisa que, mediante el oficio SOP/2025/0302bis, del 29 de julio de 2025, la Secretaría de Obras Públicas reconoció una sobreinversión de mil 565 millones 631 mil 439 pesos, que elevó el costo reconocido de los 106.69 kilómetros de la autopista.
En ese mismo documento, la empresa informó que el oficio SOP/2025/0302 ajustó el programa de construcción hasta el 30 de noviembre de 2025. Cuatro meses después, el 30 de marzo de 2026, el Gobierno estatal anunció la apertura parcial de la vía.
Aunque HYCSA reportó posteriormente que la obra quedó concluida en marzo, Cepeda Anaya reconoció que todavía existen reparaciones y trabajos de terminación pendientes.
Al ser cuestionado sobre posibles sanciones por incumplimientos en los plazos de entrega, el funcionario respondió que la empresa había cumplido con su programación y señaló que esos trabajos continuaban bajo revisión de la dependencia.
Durante la entrevista, Cepeda Anaya calculó que actualmente circulan alrededor de mil vehículos diarios por la autopista, pero no proporcionó la recaudación obtenida ni el porcentaje de la inversión que se cubre con los ingresos por peaje.
Ante esas preguntas, remitió el asunto a la Secretaría de Finanzas, dependencia que administra los recursos públicos involucrados en el esquema financiero de la concesión.
