Alejandro Paz / La Expresión
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. —Una nueva revisión de expedientes reveló que el denominado “Clan del Campestre”, una red de proveedores integrada por dos hermanos y un cuñado acumuló en sólo tres meses contratos por más de 131 millones de pesos con la Secretaría de Salud de Tamaulipas.
Los contratos, firmados entre el 19 de abril y el 29 de julio de 2024 por el entonces secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, abarcaron medicamentos oncológicos, anticonceptivos, insumos para enfermedades diarreicas, material de diagnóstico, equipo médico y servicios de osteosíntesis.
El resultado de la investigación permite establecer que prácticamente triplica el monto documentado por La Expresión hace una semana, cuando una primera revisión de expedientes permitió identificar operaciones por 47 millones 292 mil 247 pesos con 86 centavos, relacionadas con la misma red.
La revisión posterior de contratos, actas del Registro Público del Comercio, documentos notariales y domicilios, amplió el universo de operaciones e identificó vínculos familiares, societarios y domiciliarios entre los hermanos Rolando Guadalupe y Carlos Daniel Galván Figueroa y su cuñado José Ernesto Calanda Quintanilla.
Los tres aparecen relacionados con las empresas Migac Productos y Servicios, Ingeniería y Construcciones RCG y Calajer Suministros.
Por las conexiones documentadas entre sus integrantes, empresas y domicilios, La Expresión denomina a esta red de proveedores como “El Clan del Campestre”.
DE 47 A MÁS DE 131 MILLONES
La primera entrega de esta investigación documentó operaciones gubernamentales por 47 millones 292 mil 247 pesos con 86 centavos.
La revisión de nuevos expedientes permitió localizar posteriormente otros contratos relacionados con integrantes de la misma red, con lo que el monto documentado hasta ahora por La Expresión supera los 131 millones de pesos.
Entre el 19 de abril y el 29 de julio de 2024, las operaciones se concentraron en la Secretaría de Salud de Tamaulipas.
De acuerdo con los expedientes revisados, once contratos fueron adjudicados de manera directa.
En los otros dos procedimientos se invitó a tres proveedores mediante correo electrónico.
Los contratos fueron firmados por el entonces secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.
Uno de ellos es el SST/SAF/DJ/DC/DCyC/0069/2024, celebrado el 19 de abril por 16 millones 563 mil 686 pesos, para el suministro de medicamento oncológico destinado a diversas unidades médicas.
Otro corresponde al SST/SAF/DJ/DC/DCyC/087/2024, por 25 millones 12 mil 955 pesos, para el servicio integral de osteosíntesis con la empresa “Calajer Suministros”, de José Ernesto Calanda Quintanilla.
El fallo de este procedimiento fue emitido el primero de julio de 2024.
El contrato de mayor monto identificado en esta etapa de la investigación es el SST/SAF/DJ/DC/DCyC/0147/2024, por 83 millones 606 mil pesos, destinado al suministro de equipo médico para el nuevo Hospital General de Matamoros.
La adjudicación directa ocurrió apenas seis días después de que la adquisición fuera solicitada por la Subsecretaría de Atención Médica mediante el oficio SST/SAM/CAD/504.
A estas operaciones se suman los contratos 0015/2024, 0057/2024, 0061/2024, 0063/2024 y 0065/2024, por un monto conjunto de un millón 903 mil 844 pesos.
Los expedientes contemplan el suministro de estuches médicos de diagnóstico recargables, 550 cajas de estradiol y drospirenona, ocho cajas con diez pruebas GeneXpert y 349 piezas de tinción destinadas al programa de micobacteriosis.
La red obtuvo además el contrato 088/2024, por 588 mil 323 pesos, para el suministro de materiales, accesorios e insumos médicos destinados a planificación familiar y anticoncepción.
Mediante el contrato 0092/2024 se adquirieron 300 estetoscopios para las jurisdicciones sanitarias por 499 mil 995 pesos.
En el mismo periodo se adjudicó el contrato 099/2024, por 899 mil 232 pesos, para medicamentos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años.
A éstos se suman los contratos 100/2024 y 102/2024, relacionados con la adquisición de 17 kits GeneXpert destinados a la Jurisdicción Sanitaria de Reynosa y el suministro de 300 esfigmomanómetros aneroides portátiles.
LA RELACIÓN COMO PROVEEDOR COMENZÓ AÑOS ATRÁS
La revisión documental permitió establecer que la relación comercial de Carlos Daniel Galván Figueroa con el Gobierno de Tamaulipas se remonta al menos a 2020, durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.
Expedientes en poder de La Expresión muestran que entonces acumuló operaciones por dos millones 167 mil 842 pesos mediante la venta de cubrezapatos quirúrgicos desechables y un lote de insumos médicos.
La investigación encontró además que desde 2024 integrantes de la red han participado en procedimientos de contratación tanto mediante sus empresas como en calidad de personas físicas.
DOMICILIOS CONECTAN A LA RED
De acuerdo con el Registro Público del Comercio, Migac Productos y Servicios es propiedad de los hermanos Rolando Guadalupe y Carlos Daniel Galván Figueroa.
Ante el notario Luis Ernesto Lavín Montemayor, la sociedad estableció como domicilio legal la calle 16, entre Yucatán y Campeche, número 2824, colonia Norberto Treviño Zapata, en Ciudad Victoria.
Durante una inspección física realizada por La Expresión en el domicilio asentado ante el Registro Público de Comercio no se observaron rótulos, almacenes ni infraestructura que identificaran en el inmueble a Migac Productos y Servicios.
En el lugar operaba un establecimiento comercial de abarrotes y productos lácteos.
Los hermanos Galván Figueroa proporcionaron también otra dirección relacionada con la empresa: calle Matías S. Canales número 2612, entre Zacatecas y César López de Lara.
Durante la verificación física, el inmueble carecía de razón social visible y de número exterior que permitiera corroborar la presencia de Migac Productos y Servicios.
En octubre de 2025, durante una asamblea extraordinaria protocolizada ante el notario Ricardo Rodríguez Martínez, Migac presentó un nuevo domicilio: calle Jacintos número 1502, entre Rosales y Bugambilias, en el fraccionamiento Residencial Campestre.
La revisión documental permitió establecer una coincidencia domiciliaria.
El mismo inmueble aparece relacionado con Migac Productos y Servicios, como domicilio fiscal de Ingeniería y Construcciones RCG y como dirección proporcionada por Rolando Guadalupe y Carlos Daniel Galván Figueroa en calidad de personas físicas.
Durante una verificación realizada por este medio se constató que la dirección corresponde a una vivienda particular.
Las coincidencias familiares, societarias y domiciliarias documentadas entre los proveedores dieron origen a la denominación utilizada por La Expresión: “El Clan del Campestre”.
ANTICORRUPCIÓN COMIENZA AUDITORÍAS A PROVEEDORES
Mientras La Expresión continuaba incorporando nuevos contratos y domicilios a la investigación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas informó que comenzó auditorías a proveedores gubernamentales.
Su titular, Norma Angélica Pedraza Melo, adelantó además que las revisiones avanzarán hacia la verificación física de los domicilios registrados por las empresas y personas físicas.
La funcionaria fue cuestionada por La Expresión sobre los mecanismos utilizados para verificar a los proveedores, luego de investigaciones de este medio sobre contratistas gubernamentales cuyos domicilios registrados no corresponden aparentemente con establecimientos relacionados con los bienes o servicios suministrados.
—Secretaria, ¿han detectado fallas en los sistemas anticorrupción? Le pregunto porque recientemente la Secretaría de Seguridad Pública contrató siete millones de pesos en papelería a un proveedor cuya sede es una farmacia… —se le cuestionó.
“Actualmente hemos implementado la auditoría a proveedores. Era una actividad que no se hacía”, señaló Pedraza Melo.
Aunque la Secretaria no confirmó la existencia de una investigación específica contra las personas o empresas relacionadas con “El Clan del Campestre”, explicó que la Dependencia comenzó a revisar las condiciones bajo las cuales están registrados los proveedores gubernamentales.
También adelantó que el proceso irá más allá de la documentación entregada por los particulares.
“Vamos a avanzar en esa etapa también de hacer verificaciones de los domicilios”, señaló.
Pedraza Melo explicó que el Registro de Proveedores parte de los documentos presentados por los interesados ante la administración estatal.
“Muchos de los documentos incluso vienen notariados, ¿verdad? Hay una fe legal de una instancia”, explicó.
La nueva etapa de auditorías pretende avanzar hacia la comprobación de esa información.
“Estamos iniciando las auditorías a proveedores”, puntualizó.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no ha informado que sus auditorías hayan originado los nuevos contratos localizados por La Expresión, ni ha confirmado una investigación específica contra las empresas o personas mencionadas en este reportaje.
El inicio de las revisiones ocurre mientras este medio continúa analizando expedientes de contratación, documentos mercantiles y registros relacionados con proveedores gubernamentales.
La Expresión mantiene abiertos sus canales de comunicación para recibir y publicar la postura, aclaración o documentación de las personas físicas y morales mencionadas en este reportaje.
