Martín De Luna/LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó una supervisión a nivel nacional para revisar los permisos de funcionamiento de escuelas que operan bajo esquemas de educación militarizada, luego de que se detectaran al menos cinco planteles de este tipo en el estado de Tamaulipas.
El titular de la dependencia federal, Mario Delgado Carrillo, confirmó el hallazgo de estas instituciones en territorio tamaulipeco y señaló que de inmediato se procedió a la revisión de sus licencias de operación, con el fin de verificar si dichas modalidades educativas cuentan con el aval correspondiente de las autoridades del sector.
“Lo que estamos recordando a todo el sistema educativo es que esto no está permitido (…) por ejemplo, en Tamaulipas detectaron ya otras cinco escuelas que ofrecen este tipo de educación y de inmediato pues se va a revisar sus permisos”, expresó el funcionario.
Ante el cuestionamiento sobre si prácticas violentas y novatadas podrían continuar amparadas bajo este tipo de modelos educativos, Delgado Carrillo enfatizó que la legislación mexicana vigente prohíbe de manera contundente cualquier conducta que vulnere la integridad de los estudiantes, por lo que el llamado a revisar los planteles se extendió a todas las entidades federativas del país.
“La Ley General de Educación y la Ley de la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe cualquier tipo de maltrato. Entonces no puede permitirse ese tipo de prácticas”, señaló.
El titular de la SEP recordó que el exhorto a las autoridades educativas estatales fue emitido el viernes anterior, con el objetivo de que se realice una revisión exhaustiva en todo el territorio nacional.
“Es justo el recordatorio que hicimos el viernes, que hagamos una revisión en todo el país para verificar que no hay este tipo de escuelas que ofrezcan aparentemente este tipo de modalidad”, puntualizó.
Con esta medida, la Secretaría de Educación Pública busca erradicar las agresiones que, bajo el argumento de la disciplina, pudieran camuflarse en instituciones con esquemas militarizados, además de garantizar que los planteles educativos del país cumplan con la normatividad vigente en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
