Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Al afirmar que “todas las personas tienen derecho a emitir su punto de vista sobre los procesos de los que forman parte”, Andrés Norberto García Repper Fávila dijo que la Dependencia a su cargo no debe pronunciarse al respecto; pero al referirse al llamado “Caso YAC”, de la extitular de Bienestar Social en los tiempos del “cabecismo”, quien enfrenta cargos por presunto quebranto financiero cercano a los mil millones de pesos, advirtió: “lo que nosotros tenemos (en su contra) está perfectamente acreditado y tienen que atenderse las etapas del juicio”.
El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción citó: “Esta Fiscalía tiene que actuar siempre conforme a derecho y a veces actuar conforme a derecho, por parte de la Fiscalía o del propio Poder Judicial, parece anticlimático porque la gente quisiera que los procesos se aceleraran más rápido, que sucedieran cosas que todo mundo espera que sucedan”, dijo.
Y agregó: “Pero tanto el derecho tiene sus propias etapas como las personas sujetas a proceso tienen derechos al debido proceso. Hay que respetar todas las etapas; (porque) cuando no se hace eso, te expones a que un Juez de Amparo te diga que no le respetaste A, B, C de sus derechos y entonces puede afectar e incluso hacer más largo el proceso”.
INVESTIGAN ABUSOS POLICIALES Y DESCARTAN AGENDAS ELECTORALES
En otro orden de ideas, García Repper Fávila dijo que las denuncias por abuso de autoridad cometidas por elementos policiales representan entre el 60 y el 70 por ciento de la carga de trabajo en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.
El titular de la Dependencia señaló que las indagatorias de estos casos avanzan a un ritmo riguroso que incluye citatorios y entrevistas a profundidad, describiendo el proceso ministerial como una labor minuciosa que requiere su propio tiempo legal para garantizar la solidez de las carpetas.
En el marco de la coordinación institucional, el fiscal precisó que existe una diferencia técnica respecto a los expedientes que se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa y los casos penales, aclarando que la fiscalía no opera en vinculación directa para agilizar procesos de corte administrativo manejados por la Secretaría Anticorrupción.
Detalló que la Fiscalía Anticorrupción no actúa de oficio ni por trascendidos, sino que interviene estrictamente de manera reactiva cuando la citada secretaría detecta conductas que configuran delitos penales y les da la vista correspondiente, o bien, a través del desahogo de denuncias ciudadanas formales.
Finalmente, la fiscalía informó sobre una reducción en su inventario de casos, pasando de más de 900 a un promedio de 800 expedientes activos tras decretar el no ejercicio de la acción penal o la reserva temporal en aproximadamente el 15 por ciento de las denuncias contra policías, principalmente por la ausencia de testigos o pruebas concluyentes.
De cara al próximo inicio del año electoral, el fiscal rechazó de manera tajante que los tiempos de la institución estén subordinados a la coyuntura política o que se preparen expedientes para ser utilizados por partidos en municipios con cuentas pendientes como Reynosa, reiterando que la justicia mantiene un ritmo técnico e independiente a los calendarios de las urnas.
