Alejandro Paz / La Expresión
Ciudad Victoria, Tamaulipas. — La defensa de Octavio Leal Moncada, líder de la Columna Cívica “Pedro J. Méndez”buscará evitar su reclusión en un centro penitenciario convencional tras su reciente detención el pasado domingo en Santiago, Nuevo León.
La estrategia legal se centrará en solicitar que la medida cautelar se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
El equipo jurídico del imputado fundamentará formalmente la solicitud en el Artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Esta normativa otorga excepciones específicas a personas cuya avanzada edad represente una vulnerabilidad, permitiendo el internamiento en su hogar o en un centro geriátrico.
Leal Moncada rebasa el límite de edad establecido por la ley para acceder a este beneficio, que es de 70 años.
“En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan”, sentencia la ley.
Se prevé que sus abogados integren peritajes especializados sobre padecimientos crónicos para sustentar que el internamiento tradicional vulnera sus derechos humanos, un factor que ya requirió una valoración médica de urgencia en el año 2022.
Por su parte, la representación social buscará activar una salvaguarda de excepción argumentando un probable riesgo de sustracción de la justicia o riesgo social.
“No gozarán de la prerrogativa prevista (…), quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social”, dice el mismo artículo.
En este sentido, es que los expertos observan una pasividad en las acciones que realizan los integrantes de la columna cívica “Pedro J. Méndez”.
“El comportamiento permisivo y la tranquilidad en que se han comportado los pobladores de los municipios que conforman esta organización desde la detención de su líder moral debe obedecer a esa estrategia legal que analizaron previamente”, dijo uno de los expertos consultados.
Añadió que si llegan a realizar bloqueos carreteros o cualquier otro tipo de movilización que pueda ser interpretado por la autoridad como un riesgo social, sustentará la capacidad de movilización que el investigado ejerce en la región central del estado.
La resolución definitiva quedará bajo los criterios de valoración del Juez de Control encargado del caso.
El juzgador deberá considerar el derecho a la salud y la integridad física de un adulto mayor frente a los argumentos de seguridad pública presentados por el Ministerio Público.
La detención del líder social ocurrió en Santiago, Nuevo León por elementos de SSPC y FGR en base a una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de tráfico de migrantes y secuestro.
