Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Los menores de edad siguen siendo utilizados por las organizaciones criminales “como carne de cañón para cometer actos delictivos”, reconoció Elva Araceli Reyes González.
La diputada por el Distrito 06, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Congreso local, aseguró que los emplean para el cruce ilegal de personas y el tráfico de sustancias a través del río Bravo, aprovechándose de su minoría de edad para evitar que sean enjuiciados o procesados formalmente por el sistema de justicia.
Con base en datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), expuso el caso alarmante de un menor de edad interceptado y deportado en once ocasiones consecutivas, lo que evidencia una dinámica de explotación infantil donde los padres retiran a los hijos de los planteles escolares para obtener beneficios económicos, bajo la certeza de que las consecuencias jurídicas actuales se limitan a la entrega del menor en las instalaciones del Sistema DIF tras una amonestación administrativa.
Esta problemática social mantiene una marcada presencia en sectores específicos del municipio de Reynosa, de manera particular en zonas como Estación Anzaldúas y Las Calabazas, “donde el tráfico de migrantes forma parte de un entorno cotidiano en el que crecen los infantes”.
Por lo anterior, Reyes González precisó que está elaborando una iniciativa, para presentarla en breve, orientada a frenar la explotación de menores de edad en actividades de la delincuencia organizada.
La diputada local morenista la iniciativa buscará que se apliquen penas extensivas a los padres o tutores que propicien, fomenten o involucren a sus hijos en la comisión de delitos, una problemática arraigada en diversas zonas de la frontera.
Ante este escenario, la propuesta jurídica busca reconfigurar las responsabilidades legales de los progenitores no sólo en casos de delincuencia organizada o trata de personas, sino también en conductas de negligencia grave, tales como facilitar vehículos motorizados a menores que carecen de licencia y experiencia, o que se encuentran bajo el influjo de alcohol y sustancias ilícitas.
La iniciativa, además, plantea la necesidad de revisar los criterios de la responsabilidad penal de los tutores frente a los cambios sociales contemporáneos y el impacto de las plataformas digitales en los jóvenes.
Reyes González enfatizó que el marco legal vigente debe actualizarse debido a que las redes sociales actúan actualmente como un factor de influencia en conductas de alta gravedad cometidas por menores, incluidos casos de homicidio, feminicidio y abusos, por lo que el Estado debe adecuar sus herramientas preventivas y de sanción para proteger los derechos de la infancia y la seguridad comunitaria.⚠️🧒🏻⚠️
