Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Tras subrayar que el caso que involucra al Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. y al empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez, sigue en los tribunales, por lo que no se puede litigar en los medios de comunicación, Marco Antonio García Barrientos aseguró que no existe evidencia que señale directamente al hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya en las acusaciones de presuntas solicitudes de pagos indebidos, mejor conocidos como “moches”.
El Consejero Jurídico de la Oficina del Ejecutivo del Estado, durante una conferencia de prensa la tarde de hoy, explicó que es importante diferenciar entre declaraciones realizadas en entrevistas y los elementos que forman parte de un procedimiento judicial formal, ya que en este último los señalamientos deben estar respaldados por pruebas.
Al ser cuestionado sobre las imputaciones mediáticas del empresario respecto a presuntos esquemas de extorsión, el funcionario precisó que el asunto técnico-jurídico se ha desahogado formalmente durante más de tres años en diversas instancias jurisdiccionales del fuero común y federal.
García Barrientos subrayó que dentro de los expedientes y actuaciones oficiales no existe referencia, constancia ni elemento probatorio alguno sobre dichas aseveraciones (moches), subrayando la distinción procesal entre las narrativas vertidas en entrevistas periodísticas y las evidencias que efectivamente se aportan y validan ante un Tribunal.
Respecto al estatus de libertad de tránsito del contratista (Valdez Sánchez) y los señalamientos de amenazas a su integridad física, García Barrientos reiteró que el Poder Ejecutivo se sujeta estrictamente a las actuaciones radicadas en el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Por lo anterior descartó la existencia de una medida cautelar de arraigo decretada por el Juez de control y explicó que la entrega de la documentación migratoria del indiciado, específicamente su visa y pasaporte, constituye un mecanismo ordinario de control judicial gestionado dentro del procedimiento penal con el objetivo de garantizar la vinculación del imputado al proceso y evitar el riesgo de sustracción de la acción de la justicia.
Finalmente, el titular de la Consejería Jurídica rechazó categóricamente que el caso configure una persecución política por parte del Estado, abundando en el tema y explicando que el origen de la carpeta de investigación penal obedece al estricto cumplimiento de la ley tras acreditarse que la empresa introdujo información y declaraciones falsas dentro del procedimiento administrativo.
La querella fue formulada en calidad de parte afectada al detectarse la alteración de las fechas de emisión de las fianzas contractuales, por lo que las acciones institucionales se limitan a la defensa de los recursos públicos tras la rescisión del contrato de suministro.
ANTECEDENTES DEL CASO
Al iniciar la conferencia de prensa, García Barrientos, presentó un informe detallado sobre la situación legal del litigio con la empresa Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V., precisando que el asunto cuenta con más de tres años de trámite en diversas instancias jurisdiccionales y no responde a una coyuntura política o mediática reciente.
El conflicto técnico-administrativo se originó a partir de un contrato celebrado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas. El Gobierno del Estado determinó la rescisión de este debido al incumplimiento en la presentación de las pólizas de garantía de cumplimiento contractual.
Aunque la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa emitió un fallo inicial favorable a la contratista el 27 de enero de 2025, el Pleno del Tribunal revocó por unanimidad dicha resolución el 27 de mayo de 2025, ordenando la reposición del procedimiento. Esta legalidad fue ratificada posteriormente por los órganos jurisdiccionales federales mediante la resolución de un juicio de amparo.
En el ámbito penal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación de oficio el 21 de abril de 2025 por la presunta comisión de los delitos de falsedad en declaraciones e informes dados ante una autoridad y fraude procesal.
La indagatoria técnica reveló una contradicción sustancial: el representante legal asentó en la demanda que las pólizas de garantía se entregaron en la Secretaría de Administración el 15 de marzo de 2023; sin embargo, el informe oficial de la institución afianzadora certificó que dichos documentos fueron emitidos y entregados en la Ciudad de México hasta el once de abril de 2023, evidenciando una imposibilidad material y jurídica en los hechos argumentados para la obtención de una sentencia favorable.
El Consejería Jurídica desmintió categóricamente que exista una medida cautelar de arraigo en contra del particular, afirmando que este goza de plena libertad de tránsito.
Como constancia procesal, se informó que el pasado tres de junio de 2026, durante el desahogo de una audiencia judicial, la defensa de la empresa solicitó un receso para explorar mecanismos alternativos de solución de controversias, derivando en una reunión presencial y voluntaria en el Palacio de Gobierno.
Finalmente, se precisó que la sustitución del esquema de suministro se ejecutó a través de la institución federal Liconsa, optimizando el uso de los recursos públicos y garantizando la continuidad de los programas de apoyo alimentario bajo mejores condiciones presupuestales.
ESTO SE DIJO HACE MÁS DE UN AÑO
Después de que el Tribunal de Justicia Administrativa emitió el fallo contra el Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. por el tema del suministro de despensas, la Secretaría de Administración, aportó pruebas que avalan que el proveedor falsificó y alteró las fianzas para obtener el contrato de manera ilegal.
Fue el 27 de mayo del 2025, cuando la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván y el subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez reiteraron el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la legalidad, la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos y aseguraron que se cuenta con evidencia clara para sostener que la rescisión del contrato con la empresa Dalka es procedente y se cuenta con el material probatorio para exhibir la conducta delictiva e ilegal con que actuó dicha empresa.
“El Estado seguirá los causes legales y presentará las pruebas correspondientes siempre para defender el interés público. Estamos obligados como Estado a defender el interés de toda la sociedad y no vamos a permitir la vigencia de un contrato que a todas luces se encuentra viciado y sería ilegal”, expuso Jorge Luis Beas.
Fue mediante una conferencia de prensa que los funcionarios explicaron que como parte de las investigaciones, la agencia afianzadora EB Y A emitió un informe donde establece que los trámites para obtener las fianzas, se emitieron el día once de abril, a pesar de que el contrato fue firmado con antelación el 15 de marzo y fueron gestionados por un tercero, Mario Montiel Mora, representante de otra empresa, Empacadora La Merced, S.A. de C.V. lo que confirma que las pólizas no fueron entregadas formalmente por Dalka y que no existen registros de haberse recibido en las instancias de gobierno en el plazo legal establecido.
“Estas manifestaciones que exponemos están sustentadas en pruebas documentales y que mejor prueba que lo que afirma en un documento la compañía afianzadora”, expresó.
Por su parte la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou, expuso para garantizar el suministro de las despensas requeridas por la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas, estableció un contrato con DICONSA, que es una empresa del gobierno y queda excluida de la Ley de Adquisiciones, además de que ofrecía las mejores condiciones para el estado.
