Redacción / La Expresión
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. —La falta de sentencias condenatorias en los procesos penales, está ganando terreno en el número de quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), dijo Orlando Javier Rosado Barreras, al revelar que el ciudadano al acudir a que se aplique la Ley “no ve resultado”.
El secretario técnico de la Codhet, aunque no precisó en qué nivel ha aumentado el número de quejas, reconoció que la problemática a la que se enfrenta el ciudadano es a la falta de legalidad y de seguridad jurídica.
“A lo que se enfrenta el ciudadano es a decir: oye yo voy a que me procuren justicia y no hay un resultado. No se traduce en sentencias, esas investigaciones no se traducen en sentencias contra quien delinque o comete un delito”, citó.
Rosado Barreras abundó en el tema e informó que en otro de los sectores en donde también se presentan las quejas, es en el rubro educativo: “Está constantemente presente, pero también tiene explicaciones; el ámbito educativo es muy complejo”.
El integrante del organismo defensor de los Derechos Humanos detalló el comportamiento del registro anual de denuncias, en el cual los ciudadanos señalan de manera recurrente las fallas estructurales en las dependencias, reiterando que son las encargadas de administrar e impartir justicia, junto con los planteles escolares de diversos niveles, quienes apuntalan las quejas.
El funcionario precisó que el problema central radica en la falta de resultados tangibles cuando un ciudadano acude a las instancias oficiales, debido a que las carpetas de investigación no logran traducirse en sentencias condenatorias ni en la debida sanción para quienes cometen un delito; por lo que esta ausencia de consecuencias jurídicas genera una percepción de impunidad frente al filtro que representa el proceso penal en su etapa inicial.
Por otra parte, el secretario técnico ubicó al sector educativo como el segundo rubro con una presencia constante en el listado de quejas de la CODHET, abarcando expedientes dirigidos contra escuelas primarias, secundarias y otros centros escolares dependientes de la Secretaría de Educación.
Agregó que, aunque los cuerpos de seguridad pública continúan figurando en los registros, se ha observado un cambio en la dinámica debido a la atención institucional que se ha implementado en dicha materia, la cual presentaba un abandono significativo en periodos anteriores.
Finalmente, Rosado Barreras incluyó a la justicia laboral dentro de las áreas críticas analizadas por el organismo, advirtiendo que los prolongados retrasos en el cumplimiento de los laudos contradicen el principio fundamental de que una justicia retardada no es justicia, situaciones que posteriormente derivan en las recomendaciones oficiales emitidas por la Comisión.
