Patricio Lerma/LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —El Poder Judicial del Estado inició un proceso de revisión de expedientes del sistema penal tradicional que permanecían suspendidos, informó su presidenta, Tania Gisela Contreras López, quien detalló que se detectaron más de tres mil casos en esa condición.
Tras el análisis realizado con apoyo de jueces en la materia, se determinó que aproximadamente 800 expedientes pueden reactivarse, al tratarse de delitos graves que no prescriben, como secuestro y homicidio.
“Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía para que estos asuntos reciban el impulso procesal correspondiente. El objetivo es claro: que no exista impunidad, aun cuando se trate de expedientes con más de 15 años de antigüedad”, sostuvo.
La magistrada explicó que algunos de los casos suspendidos correspondían a órdenes de aprehensión no ejecutadas, por lo que ahora se busca retomar el procedimiento legal conforme a derecho.
En otro tema, Contreras López destacó que más del 60 por ciento de los asuntos civiles y familiares que ingresan al Tribunal están relacionados con conflictos de custodia, convivencia y pensión alimenticia.
Añadió que 9 de cada 10 casos en materia familiar reflejan la necesidad de fortalecer mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que el Poder Judicial ya gestiona una ampliación presupuestal para consolidar el nuevo sistema de oralidad civil.
“Queremos que el juicio sea el último recurso. La mediación debe convertirse en el primer puente para que las familias encuentren acuerdos que prioricen el bienestar de niñas, niños y adolescentes”, expresó.
La presidenta hizo un llamado directo a padres y madres que atraviesan procesos de separación a acercarse a los centros de mediación, donde se brinda acompañamiento institucional para lograr consensos sin prolongar los conflictos.
Sobre la reciente inhabilitación del juez federal Fernando Macío Bernal, señaló que se trata de una resolución pública emitida por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial en el ámbito federal.
“Este nuevo esquema busca garantizar que los juzgadores actúen bajo los principios de legalidad y responsabilidad. Cuando hay conductas irregulares, existen órganos encargados de sancionarlas”, indicó.
En cuanto al caso del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aclaró que no puede emitir postura, al tratarse de asuntos en sustanciación y vinculados a instancias federales.
Finalmente, reiteró que el Poder Judicial de Tamaulipas mantiene el compromiso de fortalecer la transparencia, combatir rezagos y consolidar un sistema de justicia más cercano a la ciudadanía.
