Alejandro Paz / La Expresión
CIUDAD VICTORIA. —Al responder sobre los pagos por más de 41 millones de pesos a empresas vinculadas a una presunta “fábrica de pensiones”, el delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, se contradijo al decir que el caso permanece “en revisión estricta”, aun cuando su administración ya autorizó la restitución de los recursos.
De acuerdo con la versión del delegado, el procedimiento legal no ha concluido; sin embargo, él mismo como presidente del Consejo Consultivo Delegacional resolvió devolver los derechos a las empresas involucradas.
“Los procesos legales continúan en revisión estricta”, respondió Aranza Aguilar en un mensaje enviado vía WhatsApp desde el número con terminación 1980.
En el mismo texto agregó que “la legalidad y transparencia son obligadas”.
Sin embargo, el funcionario no respondió si el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, fue informado de estas resoluciones ni si existió autorización de oficinas centrales para liberar los recursos públicos.
El monto restituido supera los 41 millones de pesos y corresponde a pensiones que habían sido suspendidas tras auditorías internas que detectaron presuntas relaciones laborales inexistentes entre las empresas beneficiadas y los trabajadores pensionados.
LAS EMPRESAS BAJO INVESTIGACIÓN
De acuerdo con los expedientes internos CCTAM 326/2024 y 327/2024 consultados por La Expresión, fue durante la gestión del entonces delegado Federico Héctor Marín Martínez cuando se detectaron irregularidades en las empresas “Servicios y Administración de Tamaulipas BKING”, “Flores y Follajes Sánchez”, además de la persona física José Luis Sánchez Constantino.
El Departamento de Auditoría a Patrones documentó que las empresas inscribieron de manera sistemática a por lo menos 140 trabajadores con relaciones laborales inexistentes, semanas cotizadas falsas y salarios inflados, lo que derivó en el otorgamiento de pensiones posteriormente consideradas improcedentes.
LA DENUNCIA QUE DESTAPÓ LA RED
El descubrimiento de la presunta “fábrica de pensiones” inició cuando Erick Pastor Flores Cervantes denunció a su patrón José Luis Sánchez Constantino por no tenerlo inscrito ante el IMSS.
Sin embargo, la misma investigación reveló que Flores Cervantes era el representante legal de “Flores y Follajes Sánchez”, quien también fue denunciada por la supuesta trabajadora Saida de la Garza Lucio.
“No cuenta con recibos de nómina, estados de cuenta bancarios (…) cheques expedidos para el pago de nómina, constancias de retenciones del ISR sobre sueldos y salarios, control de asistencia y puntualidad, cuenta individual del trabajador…”, refiere otro de los documentos internos.
LA RESOLUCIÓN QUE REVIRTIÓ SEIS MESES DE AUDITORÍAS
Ante la información recabada por la autoridad, en agosto de 2024 se procedió oficialmente a declarar improcedente el alta de los 140 trabajadores de estas tres empresas, generando la suspensión del pago de pensiones a 40 de ellos, que en seis meses le habían costado al Instituto 17 millones 157 mil pesos.
Tras esta determinación, dos de las tres empresas presentaron el 29 de agosto de 2024 un recurso de inconformidad ante la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del IMSS.
Durante seis meses las irregularidades fueron sostenidas por auditorías internas; sin embargo, la situación jurídica de las empresas fue revertida a poco más de un mes del arribo del delegado José Luis Aranza Aguilar, cuando el 18 de febrero de 2025, mediante el acuerdo 180225/93, el Consejo Consultivo Delegacional resolvió que dos de las tres empresas tenían la razón en su inconformidad.
LA FIRMA DEL DELEGADO EN EL ACUERDO
Dicha resolución permitió la restitución de derechos a 115 trabajadores, entre ellos 24 pensionados cuyos pagos habían sido suspendidos tras declararse improcedentes las altas.
En el documento en poder de La Expresión consta la firma de José Luis Aranza Aguilar como presidente del Consejo Consultivo Delegacional.
Aunque ahora el mismo delegado dice que el caso se mantiene en revisión, lo que deja abierta la posibilidad de una revisión administrativa adicional sobre la legalidad del procedimiento y la actuación de los servidores públicos que intervinieron en estas decisiones.
EL POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL AL IMSS
Y es que como consecuencia de esta resolución, durante 2025 el IMSS realizó pagos por más de 16 millones de pesos, adicionales a ocho millones correspondientes al último semestre de 2024, así como los 17 millones de pesos erogados antes de que se declararan improcedentes las altas.
En conjunto, estas cifras representarían un presunto daño patrimonial superior a los 41 millones de pesos en un periodo de dos años.
No obstante, el monto podría ser mayor, ya que los cálculos corresponden únicamente a 24 de los 140 trabajadores inicialmente dados de alta sin evidencia documental suficiente sobre sus relaciones laborales, semanas cotizadas y salarios.
