Alejandro Paz/La Expresión
CIUDAD VICTORIA. —Además de contratar de manera irregular a la empresa “Tersa del Golfo” el Gobierno municipal de Victoria también le pagó 16 millones de pesos sin comprobar el servicio, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La auditoría De Cumplimiento 2023-D-28041-19-1998-2024 reveló que la administración de Eduardo “Lalo” Gattás Baéz, incumplió con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que lo coloca en una posición de sanciones administrativas, así como responsabilidades de carácter político, penal o civil.
El Gobierno capitalino omitió presentar la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos y tampoco justificó el pago.
“No presentaron los registros ni justificaron el pago con una cuenta bancaria diferente a la específica de los periodos de servicios de enero, marzo y abril de 2023, correspondiente al contrato número LPN/MVT/001/2023”, asegura el resultado de la auditoría.
Ante la observación el Gobierno de Victoria remitió el oficio número CM/257/2025 de fecha nueve de enero de 2025, con información para atender lo observado, aunque el dictamen de la ASF lo consideró como no solventado.
“Derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada, por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”, sentenció.
De acuerdo con la misma información los pagos injustificados fueron por 16 millones 230 mil pesos por servicios de enero, marzo y abril de 2023, del contrato número LPN/MVT/001/2023.
La investigación federal inició desde el año 2023, mismo tiempo en que se han entregado contratos por hasta 178 millones de pesos por el manejo de la basura.
En enero de este año el gobierno municipal le entregó un nuevo contrato; el LPN/MVT/001/2025 por la cantidad de 64 millones 980 mil pesos.
Que se suma el contrato LPN/MVT/001-2024 por un monto de 48 millones 750 mil pesos y al LPN/MVT/001/2023 por la cantidad de 64 millones 920 mil pesos.
Siendo este último el que inició viciado de origen, de acuerdo con la autoridad federal.
La ASF descubrió que el comisario de la empresa “Tersa del Golfo” es un funcionario público según el acta constitutiva consultada en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.
“Al ser comisario en la empresa ganadora al mismo tiempo fungía como funcionario público, dicha acción implicó o tuvo por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida, lo cual implicó riesgos de actos u omisiones por parte de la persona física que actuó en su nombre, para obtener ventajas o beneficios indebidos en las contrataciones públicas”, señala el informe.
