Alejandro Paz/La Expresión
CIUDAD VICTORIA. —Una investigación federal, iniciada desde el año 2023, contra la administración del alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, encontró irregularidades en un contrato entregado a la empresa “Tersa del Golfo”, que sumado a otros alcanzaría hasta los 178 millones de pesos por el manejo de la basura.
Incluso, el nueve de enero de este año, la Auditoria Superior de la Federación, advirtió al Gobierno capitalino, mediante el oficio CM/257/2025, los resultados del análisis realizado por la Unidad Auditoria en torno al contrato LPN/MVT/001-2023 por la cantidad de 64 millones 920 mil pesos.
“Derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado (Gobierno de Victoria), se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”, asegura el documento.
Aunque ello no evitó que cuatro días después el Gobierno municipal le entregara un nuevo contrato: el LPN/MVT/001/2025, por la cantidad de 64 millones 980 mil pesos.
Cabe mencionar que, a estos dos, se suma el contrato LPN/MVT/001-2024 por un monto de 48 millones 750 mil pesos.
Es decir, que incluso y cuando se encontraba en proceso de investigación y con los resultados irregulares encontrados y notificados por la ASF, el Gobierno del alcalde, Eduardo “Lalo” Gattás, entregó en los últimos tres años 178 millones 650 mil a la mencionada empresa.
La autoridad federal informó que al consultar en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el acta constitutiva del proveedor adjudicado, se descubrió que el comisario de la empresa “Tersa del Golfo” es un funcionario público.
La ASF afirmó que este hecho podría constituir un conflicto de intereses, que además puso en duda la imparcialidad del proceso de adjudicación y las mejores condiciones para el municipio en cuanto a los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez que deben regir este tipo de procedimientos.
“Al ser comisario en la empresa ganadora, al mismo tiempo fungía como funcionario público, dicha acción implicó o tuvo por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida, lo cual implicó riesgos de actos u omisiones por parte de la persona física que actuó en su nombre, para obtener ventajas o beneficios indebidos en las contrataciones públicas”, señala el informe.
El incumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas motivó el procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria numero 2023-1-01101-19-1998-16-002.
