Redacción/LaExpresión
ALTAMIRA. —El alcalde Armando Martínez Manríquez fue denunciado el pasado siete de octubre del presente, ante la Unidad de Atención Inmediata, al igual que el director de Obras Públicas y el representante legal del Gobierno Municipal.
La denuncia, registrada bajo la carpeta RAC.917/2024, fue interpuesta por la abogada Gabriela Ibarra Lozano, quien acusa a las autoridades municipales de despojo de un inmueble en una parcela ejidal del “Ejido de Villa”, propiedad de su cliente.
De acuerdo con Ibarra Lozano, el conflicto comenzó cuando el gobierno municipal ordenó la construcción de un camino vecinal dentro de la parcela de su cliente sin haber solicitado ni obtenido el consentimiento del dueño legítimo.
La abogada denunció que durante la construcción se destruyó un inmueble, se talaron árboles con más de 50 años de antigüedad y se dejó el terreno lleno de basura y escombros, lo que constituye, según ella, un acto de despojo, “sin duda, fue el alcalde Armando Martínez Manríquez quien dio la orden para la construcción de este camino”, afirmó.
La abogada también expresó su preocupación por el impacto ambiental de la obra, destacando que la tala de los árboles ha causado un daño irreparable a la flora del lugar.
“No creo que el gobernador Américo Villarreal permita este tipo de atropellos a los ejidatarios por parte del alcalde de Altamira”, sostuvo Ibarra Lozano, quien adelantó que su equipo llevará el proceso legal hasta las últimas instancias para garantizar justicia para su cliente.
La denuncia por el delito de despojo de cosa inmueble solicita que el alcalde y sus funcionarios no solo reparen los daños causados, sino que también restituyan todos los árboles que fueron talados sin permiso y limpien la parcela de los residuos que quedaron tras la construcción del camino. “Mi cliente merece la restitución de los metros de los que fue despojado y que se repare el daño ambiental”, exigió la abogada en su declaración.
Por último, Gabriela Ibarra hizo un llamado a las autoridades estatales para que intervengan y frenen este tipo de acciones que, según ella, violan los derechos de los ejidatarios.
La abogada concluyó advirtiendo que la falta de asesoría legal adecuada en el Ayuntamiento de Altamira podría tener graves consecuencias legales para el alcalde y su equipo. “Nadie está por encima de la ley”, subrayó, enfatizando que la justicia debe prevalecer en este caso.
