Redacción/LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —De homologarse la reforma judicial en todas las entidades federativas, correspondería sólo al Poder Legislativo tomar la decisión de celebrar un proceso electoral extraordinario el próximo año o que forme parte del proceso ordinario del primer domingo de junio del 2027, donde también se estaría renovando la Cámara de Diputados y Legislatura 66 y las alcaldías tamaulipecas, dijo Juan José Guadalupe Ramos Charre.
El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), citó: “El constituyente establece que queda en el ámbito de las legislaturas estatales definir si se renueva el cien por ciento de los integrantes de la Judicatura por voto popular en 2025 o si es hasta el proceso electoral ordinario del 2027”.
Agregó que el llamado Constituyente Permanente, requiere la aprobación de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por el voto de las dos terceras partes, de las y los legisladores presentes; así como la mayoría de las legislaturas locales, es decir al menos 17.
“Al menos en 17 de ellas (legislaturas locales) deben, seguramente en las próximas horas, estar en el seno de cada una de las soberanías estatales aprobando el paquete de modificaciones a los artículos constitucionales”, adelantó.
Precisó que la Minuta Proyecto de Decreto, refiere que “180 días o dentro de los 180 días siguientes a la entrega en vigor del decreto correspondiente, las legislaturas de los Estados deberán dar paso a lo que se conoce como la homologación de sus marcos jurídicos”.
Ramos Charre abundó en el tema, concretando que lo anterior quiere decir que se llevar al texto constitucional la elección por voto popular de las y los integrantes del Poder Judicial, en este caso, en casa uno de los estados del país.
Por último, el Presidente del Ietam, aclaró que por se un proceso de reciente aprobación, no se tiene “previsión presupuestal alguna que implique trasladar a nuestro anteproyecto presupuestos o recursos para un eventual proceso electoral extraordinario”.
Concretó que todavía hay tiempo para un análisis, valoración y proyección desde la fecha actual y hasta el mes de diciembre para la definición de los presupuestos de los entes públicos “inclusive, si la reforma habrá de implementarse en nuestro Estado en algún porcentaje en el 2025 o si es hasta el 2027”.
