Alejandro Paz/La Expresión
CIUDAD VICTORIA. —El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz es señalado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de tráfico de influencias en un contrato de obra pública por más de 16 millones 400 mil pesos de pesos otorgado a la familia del diputado Humberto Armando Prieto Herrera.
La ASF descubrió las irregularidades al realizar una revisión a las participaciones federales entregadas al municipio fronterizo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal mediante la auditoria de cumplimiento 2022-D-28032-19-1862-2023.
El análisis se realizó a siete contratos de obra pública pagados con las Participaciones Federales a Municipios 2022, sin embargo, fue en el identificado con el número SOP-REY-RAMO28RFE-076-2022-LP que “se detectó una relación de parentesco entre un representante del H. Congreso del Estado de Tamaulipas (diputado) y los accionistas del proveedor adjudicado”.
La observación fue realizada en la obra realizada en la colonia Lomas del Real, de Jarachina Sur, para la pavimentación hidráulica y drenaje sanitario en la calle San Javier, entre calles Loma Dorada y San Isidro. Además del revestimiento de dren “El Anhelo” en un tramo de 200 metros, entre calles Loma Dorada y San Martín.
La construcción fue adjudicada por un monto de 16 millones 448 mil 975 pesos a la empresa denominada “Humayna Construcciones S.a de C.v”, propiedad de José del Carmen Prieto Valenzuela y Maira Ludivina Herrera Nacianceno, padres del diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Humberto Prieto Herrera.
Según el Registro Público del Comercio (RPC) la constructora fue constituida en agosto del 2004 ante el notario público número 91, Miguel Armendáriz Rodríguez, quedando inscrita mediante la escritura numero 1070 Volumen XIX en el municipio de Río Bravo.
De acuerdo con la ASF la contratación de la empresa con domicilio en calle Bella Vista del fraccionamiento San José del municipio de Reynosa generó una deficiente revisión de la documentación presentada por los participantes en los procedimientos de adjudicación y contratación, que implicó riesgos de actos u omisiones, al no asegurar las mejores condiciones para el municipio, “toda vez que la contratación no se sustentó en los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”.
La autoridad asegura que al celebrar el contrato implicaron riesgos de actos u omisiones “pretendiendo obtener ventajas o beneficios indebidos en las contrataciones públicas usando influencia política, impactando en la economía y honradez con que se administraron los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2022”.
La observación de la ASF obligó a el gobierno de Reynosa a proporcionar justificaciones y argumentaciones tendientes a aclarar lo relacionado con el resultado, pero no fueron suficientes.
“(…) Estas no fueron suficientes para desvirtuar que se obtuvieron ventajas o beneficios indebidos, usando influencia política en la adjudicación del contrato SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2022-LP, con lo que no solventa lo observado”, respondió el ente fiscalizador.
La ASF hace referencia que el artículo 134 párrafo primero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afirma que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 68 refiere que incurre en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.
Ante lo anterior se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria 2022-1-01101-19-1862-16-003 para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación realice las investigaciones.
