Alejandro Paz/La Expresión
Ciudad Victoria. – Mediante 52 empresas desde la secretaría de Finanzas de Egidio Torre Cantú fue estructurada una red financiera para llevar a sus cuentas personales más de nueve mil millones de pesos de dinero público de Tamaulipas y otros estados del país.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Tamaulipas relató que la red de defraudación fiscal comenzó en 2012, un año después de haber iniciado la administración gubernamental de Torre Cantú.
El titular de la UIFE, Raúl Ramírez Castañeda mencionó que entre los involucrados destacan los nombres de Jorge Silvestre “A”, Cristóbal Gerardo “R”, Jorge “C” y la presencia de un notario, que llevó a cabo la constitución de las empresas vinculadas a la investigación.
El primero fue secretario de Finanzas, mientras que el segundo subsecretario de Egresos y el ultimo director de Pagos en el gobierno estatal.
El titular de la UIFE detalló que los tres se consideran prófugos desde que se liberó su orden de aprehensión en junio de 2018.
Dijo que las empresas fueron creadas para facturar y después desaparecer, por lo que la línea de investigación se enfocó sobre la “ruta del dinero”.
“Siguiendo esas rutas del dinero fue como nosotros fuimos con los socios, no fuimos a buscar a las empresas, era inoficioso buscar las empresas, porque estas ya no existían físicamente y la infraestructura de estas empresas pues eran oficinas virtuales”, explicó.
En base a la línea de investigación encontraron 52 empresas con varios elementos en común, como socios, comisarios y representantes legales y según los registros encontrados, sus empleadores son los mismos.
Al realizar las verificaciones de domicilio fiscal por parte de las autoridades, lo único que encontraron fue un escritorio, una silla y con una sola persona en su interior.
Detalló que sólo en esas empresas referidas que originaron la investigación, se estima que realizaron un detrimento patrimonial al estado por más de 576 millones de pesos, que se suma a los mil 600 millones de pesos facturados al estado por 15 empresas de la misma célula empresarial.
Recordó que inicialmente la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que seis empresas del total de las 52 obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos, pero no se encontraron evidencias de la prestación de los servicios facturados.
Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por varias personas que constituyeron esas empresas en contubernio con diversos ex servidores públicos de sexenios anteriores de acuerdo con la declaración de sus cómplices.
Otras 15 empresas del mismo grupo de esas 52, facturaron a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, poco más de mil 600 millones de pesos del año 2014 al 2016.
Dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el listado que publicó el Servicios de Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Tan sólo esta empresa, facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323 millones de pesos en el periodo 2014-2016.
A excepción de “Tributos del Norte S.A de C.V.”, el nombre de las empresas con operaciones simuladas restantes aún no puede revelarse en atención al principio de presunción de inocencia, pero todas tienen el domicilio fiscal en Ciudad Victoria y en el estado de Nuevo León.
El funcionario estatal destacó la importancia del caso en que se involucra a ex servidores públicos del gobierno de Tamaulipas porque se encontraron 122 empresas irregulares o denominadas “factureras”.
Informó que fueron iniciadas 23 carpetas de investigación, 29 órdenes de aprehensión, 45 inmuebles asegurados y 103 órdenes de aprehensión pendientes por solicitar.
Así como cinco órdenes de aprehensión con prisión preventiva justificada e igual número de personas vinculadas a proceso.
Lo anterior es el resultado de la denuncia presentada en mayo del 2018 ante el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Fiscales, Financieros y Patrimoniales.
