Cynthia Gallardo/Reportera
Tampico, Tamaulipas.- Para colectivos feministas en Tamaulipas, el crimen de Ingrid en la Ciudad de México representa un “circo mediático” que ocurre en medio de la propuesta del gobierno federal para que se elimine el delito de feminicidio del Código Penal.
Aleyda Gutiérrez Candiani, coordinadora de la Red de Mujeres Tamaulipecas para la promoción de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia lamento que con la desaparición de la tipificación del feminicidio se dejen sin efecto la garantía de derechos para las mujeres.
“Este circo, porque lo han convertido en un circo mediático sucede en esta coyuntura de política de querer uniformar Código Penal, hacerle esa reforma al Código Penal en materia se feminicidio…si no pueden ver o no logran ver la gravedad de la situación de las mujeres en el país nos está hablando de una falta de garantía a los derechos de las mujeres”
Gutiérrez Candiani cuestionó el por qué la eliminación del feminicidio, pese a que se promocionan la “Legislatura de la paridad de género” en el Congreso de la Unión.
“Nos está hablando de una falta de garantía en los derechos de las mujeres como si siguiéramos siendo ciudadanas de segunda como si no estuviéramos en esta legislatura de la paridad que tanto pregonan”
Consideró que de concretarse la eliminación del delito de feminicidio se traducirá en un error ya que se olvida a las mujeres pese a que México se encuentra suscrito a acuerdos internacionales que obligan al estado a brindar garantías para las mujeres.
Dijo que desde la trinchera de cada organismo de apoyo para las mujeres se buscará la manera de que se frene la iniciativa de la eliminación del feminicidio al considerar que es el momento, ya que mientras Alejandro Gertz Manero argumenta que los fiscales se encuentran imposibilitados para probar los feminicidios por cuestiones de género, se presentan casos como el de Ingrid en el que existía una relación con su pareja que fue la presunta responsable de los funestos hechos por lo que expresó se requiere de mayor capacitación a los servidores públicos encargados de impartir justicia.
