Redacción / La Expresión
El centro de deportación en Ruanda que cinco países europeos acordaron establecer para 2027 enfrenta cuestionamientos de organismos internacionales por los posibles riesgos para los derechos humanos de las personas migrantes.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaron el proyecto durante una reunión celebrada el 16 de noviembre en Viena. La iniciativa contempla trasladar al país africano a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas definitivamente y que no puedan ser devueltas directamente a sus países de origen.
El acuerdo busca poner en marcha un mecanismo de retorno fuera del territorio de la Unión Europea. Sin embargo, todavía existen dudas sobre las condiciones de estancia, las garantías legales y la protección de quienes sean enviados a estas instalaciones.
ONU advierte sobre posibles violaciones a derechos humanos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el traslado de personas a un país con el que no tienen vínculos y que también enfrenta cuestionamientos en materia de derechos humanos.
La portavoz del organismo, Marta Hurtado, señaló que la externalización de las obligaciones migratorias no representa una solución integral y pidió atender las causas que provocan los desplazamientos.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) advirtió que los traslados podrían exponer a los migrantes a detenciones arbitrarias, malos tratos y situaciones de vulnerabilidad.
La organización también cuestionó que los gobiernos participantes no hayan presentado públicamente una evaluación sobre las garantías de derechos humanos del proyecto.
Save the Children alerta por posibles riesgos para menores
Otra de las preocupaciones proviene de Save the Children, que advirtió sobre el riesgo de que algunos menores sean identificados incorrectamente como adultos o separados de sus familias.
Aunque el acuerdo está dirigido principalmente a hombres adultos que viajan solos y contempla excluir a menores no acompañados, la organización considera que los niños podrían resultar afectados directa o indirectamente.
La ONG pidió a los gobiernos europeos establecer garantías jurídicas para impedir que menores sean enviados, retenidos o procesados en los centros.
¿Quiénes serán trasladados a Ruanda?
De acuerdo con las condiciones anunciadas, el mecanismo estará dirigido a personas que hayan agotado las vías legales para permanecer en Europa y cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas definitivamente.
También deberán ser casos en los que no sea posible concretar la deportación directa a sus países de origen.
Los gobiernos participantes sostienen que el proyecto respetará la legislación europea y las obligaciones internacionales. El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, aseguró que las personas trasladadas recibirán un trato digno.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) manifestó que está abierta a brindar apoyo operativo, principalmente en servicios de salud y asistencia, siempre que se respeten las normas internacionales. Aclaró que no participará en expulsiones forzosas ni en actividades de detención o seguridad.
El antecedente del Reino Unido con Ruanda
El proyecto recuerda el acuerdo que Reino Unido intentó implementar para enviar solicitantes de asilo a Ruanda y procesar sus peticiones desde ese país.
Sin embargo, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal aquel plan en 2023 por los riesgos relacionados con la protección de los derechos de los solicitantes. Posteriormente, el Gobierno británico lo abandonó en 2024.
El nuevo mecanismo europeo tiene un alcance diferente, pues contempla trasladar a personas que ya recibieron una negativa definitiva a su solicitud de asilo y que no pueden regresar directamente a sus países.
La iniciativa está prevista para 2027, pero las advertencias de organismos internacionales mantienen abierto el debate sobre sus consecuencias humanitarias y jurídicas.

