Alejandro Paz/LaExpresión
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. —El Gobierno de Tamaulipas afirmó que los contratos entregados al denominado “Clan del Campestre” deben ser investigados para conocer los mecanismos por los cuales fueron contratados para ofrecer bienes y servicios de naturaleza diversa.
Tanto el secretario general de Gobierno como el secretario de Salud evitaron pronunciarse de manera específica sobre los contratos señalados y remitieron la revisión a las autoridades o áreas jurídicas correspondientes.
El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González respondió que corresponde a las autoridades competentes verificar que los proveedores estén facultados para participar en los procedimientos.
“Yo creo que las autoridades que les corresponde ver si están facultados para que ellos sean proveedores de acuerdo con los estándares de alta en su registro.”, afirmó.
El funcionario añadió que, bajo esos criterios, los proveedores pueden participar en las distintas modalidades de contratación.
Sin embargo, al ser cuestionado específicamente sobre el caso documentado por La Expresión, respondió:
“Desconozco en lo particular de qué caso me estuvieses hablando.”
La declaración deja abierta la pregunta sobre qué autoridad verificó en cada uno de los contratos la capacidad real de los proveedores y qué documentos respaldan esas revisiones.
SALUD TAMBIÉN REMITE EL CASO AL ÁREA JURÍDICA
Por su parte, el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales al ser cuestionado sobre uno de los procedimientos de contratación señalados, relacionado con proveedores que habrían obtenido los contratos desde una tienda de abarrotes, respondió: “Ahí las cuestiones a nivel jurídico son los que deben verlo…”
El funcionario no detalló en ese momento qué área jurídica debe revisar el procedimiento ni explicó qué mecanismos fueron utilizados para verificar la capacidad del proveedor señalado.
La revisión de los expedientes documentados por La Expresión muestra que la relación de Carlos Daniel Galván Figueroa con el Gobierno de Tamaulipas no comenzó con la actual Administración.
Desde 2020, durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, el empresario obtuvo dos contratos de la Secretaría de Salud por un monto acumulado de dos millones 167 mil 842 pesos para el suministro de insumos médicos.
Cuatro años después, ya durante la actual Administración estatal, integrantes de la misma red familiar y empresarial volvieron a aparecer como proveedores de distintas dependencias públicas.
Los contratos revisados involucran a los hermanos Galván Figueroa y a José Ernesto Calanda Quintanilla, quienes, a través de empresas y como personas físicas, han participado en operaciones que en conjunto rondan los 47 millones de pesos.
La diversificación de los contratos también resulta significativa.
El grupo pasó de suministrar papelería, jeringas, material de curación y medicamentos además de otras operaciones relacionadas.
La investigación también permitió identificar que algunos de los domicilios fiscales registrados en los expedientes corresponden, al ser verificados, a establecimientos comerciales distintos o a viviendas particulares.
Este elemento forma parte de una revisión más amplia sobre la forma en que las empresas y personas físicas relacionadas con el grupo han acreditado sus domicilios y participado en procedimientos de contratación pública.
El antecedente de 2020 añade otro elemento a la revisión: Carlos Daniel Galván Figueroa ya había sido proveedor del Gobierno estatal antes del cambio de Administración y, posteriormente, personas y empresas vinculadas con su entorno volvieron a obtener contratos públicos.
La continuidad de estas relaciones contractuales plantea preguntas sobre los mecanismos de selección, verificación y evaluación de proveedores utilizados por las distintas dependencias.
La Expresión continuará con la revisión de los contratos, expedientes, domicilios, empresas y funcionarios que intervinieron en estas operaciones para establecer cómo se construyó esta red de proveedores y qué criterios permitieron su participación recurrente en el gasto público.
Los documentos revisados hasta ahora muestran una trayectoria que atraviesa dos administraciones estatales y que, lejos de desaparecer con el cambio de Gobierno, volvió a aparecer en contratos de distintas dependencias y por montos millonarios.
