Alejandro Paz / La Expresión
CIUDAD VICTORIA. — El domicilio fiscal de una empresa que recibió más de 20 millones de pesos de la Secretaría de Salud de Tamaulipas para suministrar jeringas y material de curación es, en realidad, una pequeña tienda donde desde hace años se venden queso, machacado, chorizo y otros productos naturales.
La propietaria del negocio asegura que no tiene relación alguna con la empresa que aparece registrada en esa dirección.
El caso forma parte de una revisión realizada por La Expresión a los domicilios que una serie de empresas y personas físicas proporcionaron a distintas dependencias de Tamaulipas para participar en contratos gubernamentales por alrededor de 47 millones de pesos.
Las visitas permitieron constatar que algunos de esos domicilios corresponden a negocios de giros distintos a los servicios contratados; otros son viviendas particulares y, en algunos casos, inmuebles donde no existe una razón social ni un número exterior que permita identificar a las empresas.
Los documentos consultados identifican como propietarios de tres de esas compañías a los hermanos Rolando Guadalupe y Carlos Daniel Galván Figueroa, así como a José Ernesto Calanda Quintanilla.
Se trata de Migac Productos y Servicios, Ingeniería y Construcciones RCG y Calajer Suministros, empresas que desde 2024 aparecen como proveedoras del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Gobierno Municipal de Madero, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social (SRHDS) y la Secretaría de Obras Públicas (SOP).
El patrón se repite: documentos oficiales ubican a las compañías en determinados inmuebles; una revisión física de esos mismos lugares muestra otra realidad.
El domicilio de Migac
De acuerdo con el Registro Público del Comercio, Migac Productos y Servicios es propiedad de Rolando Guadalupe y Carlos Daniel Galván Figueroa.
Ante el notario Luis Ernesto Lavín Montemayor, la sociedad estableció como domicilio la calle 16, entre Yucatán y Campeche, número 2824, colonia Norberto Treviño Zapata, en Ciudad Victoria.
En ese punto no se encontraron oficinas, almacenes ni instalaciones identificadas con el nombre de Migac.
Lo que existe es un negocio dedicado a la venta de quesos, machacado, chorizo y otros productos naturales.
La encargada del establecimiento confirmó que el número corresponde al inmueble.
“Tengo muchos años con mi negocio en este lugar, y sí es el número 2824, aunque la CFE nos puso el 2826 en los medidores, pero no tengo nada que ver con esas empresas”, dijo después de conocer el motivo de la visita.
La mujer explicó además que la persona que anteriormente rentaba el local había fallecido años atrás y que su apellido era Galván, aunque no proporcionó más información.
Ese mismo domicilio fue utilizado por Migac para efectos de su relación con autoridades, mientras que los hermanos Galván Figueroa también proporcionaron otra dirección: calle Matías S. Canales número 2612, entre Zacatecas y César López de Lara.
En este segundo punto tampoco fue posible identificar físicamente a la empresa. El inmueble carece de una razón social visible y de un número exterior que permita corroborar la presencia de Migac.
En esas direcciones aparece vinculada la contratación de la empresa por parte de la Secretaría de Salud, mediante dos contratos que suman 20 millones 545 mil 409 pesos para el suministro de jeringas y material de curación.
Cambio de domicilio, misma dirección
En octubre de 2025, durante una asamblea extraordinaria protocolizada ante el notario Ricardo Rodríguez Martínez, Migac presentó un nuevo domicilio: calle Jacintos número 1502, entre Rosales y Bugambilias, del fraccionamiento Residencial Campestre.
La dirección corresponde a una vivienda particular.
El mismo inmueble aparece además como domicilio fiscal de Ingeniería y Construcciones RCG y como dirección proporcionada por los propios Rolando Guadalupe y Carlos Daniel Galván Figueroa en calidad de personas físicas.
La dirección forma parte de la documentación relacionada con contratos celebrados entre la Secretaría de Obras Públicas e Ingeniería y Construcciones RCG.
El 17 de diciembre, la empresa obtuvo dos contratos por un monto conjunto de 7 millones 839 mil 140 pesos para trabajos de rehabilitación del Panteón de la Cruz y de diversas áreas al interior del Palacio de Gobierno.
El mismo domicilio también fue proporcionado para una obra pública en la colonia Adriana González, en Ciudad Madero, por 2 millones 825 mil 653 pesos.
Así, una vivienda particular aparece en documentos oficiales como domicilio de una empresa dedicada a obras públicas y, al mismo tiempo, como dirección utilizada por los hermanos que figuran como propietarios de Migac.
Calajer: entre una vivienda y una refaccionaria
La revisión alcanzó también a Calajer Suministros, propiedad de José Ernesto Calanda Quintanilla.
Uno de los domicilios proporcionados por la empresa es el ubicado en avenida Club Campestre número 1474, del fraccionamiento Club Campestre.
En ese lugar hay una vivienda.
El segundo domicilio registrado se encuentra en calle Lluvia número 806, esquina con Alberto Carrera Torres, del fraccionamiento Comercial 2000.
Ahí funciona una refaccionaria.
Al preguntar por la dirección de Calajer, uno de los empleados respondió:
“Sí es Delatsa, pero también es Calajer, porque toda esta franja es el mismo número”.
La revisión del lugar permitió identificar además las instalaciones de Abastecedora ABC, cuyo representante legal es María Dolores Martínez Herrera.
La empresaria aparece vinculada a Impresos Caba, compañía que posteriormente cambió su denominación a Optitrans.
De acuerdo con la documentación revisada, esta última pasó a ser propiedad de Elida Marisa Báez Garza y Gustavo Adolfo Calanda Zorrilla.
Báez Garza es esposa de Gustavo Adolfo Calanda Montelongo, quien es tío de José Ernesto Calanda Quintanilla, propietario de Calajer.
Los vínculos familiares y empresariales aparecen así entre las sociedades cuyos domicilios fueron revisados y las personas que figuran como sus propietarios o representantes.
Contratos millonarios
El 18 de julio de 2025, Calajer Suministros fue contratada por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social para suministrar productos químicos y equipos destinados a la desinfección de agua.
El contrato ascendió a 2 millones de pesos.
Apenas un mes después, el 28 de agosto, la misma empresa fue contratada por la Secretaría de Seguridad Pública para el suministro de medicamentos, por 6 millones 88 mil 32 pesos.
En ambos casos, la empresa aparece en la documentación oficial pese a que uno de los domicilios proporcionados corresponde a una vivienda y otro a un inmueble donde funciona una refaccionaria.
Una farmacia como domicilio
Otro de los domicilios relacionados con los contratos revisados se encuentra en calle Silvestre Mata número 502, esquina con carretera Interejidal, colonia La Presita.
La dirección fue proporcionada cuando se obtuvo un contrato por 7 millones 25 mil 450 pesos para el suministro de papelería y útiles de escritorio a la Secretaría de Seguridad Pública.
En el lugar se encuentra Farmacia GI y, de manera contigua, Suministros y Servicios Jako.
La misma dirección aparece asociada a la persona física José Luis Riojas Muñiz, quien mediante adjudicación directa del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC) obtuvo el contrato ITB/012/2024, por 175 mil 78 pesos, para el mantenimiento del edificio ubicado en la colonia Pajaritos.
El patrón
Los documentos oficiales revisados por La Expresión muestran domicilios empresariales que, al ser verificados físicamente, corresponden a establecimientos comerciales de otros giros, viviendas particulares o inmuebles sin identificación empresarial.
En uno se venden productos lácteos y cárnicos.
En otro funciona una refaccionaria.
En otro hay una farmacia, desde donde se vendió papelería y útiles de escritorio.
Y en al menos otro caso se trata de una vivienda particular.
Todos aparecen en documentación relacionada con empresas que obtuvieron contratos de distintas dependencias públicas.
El hallazgo no demuestra por sí mismo dónde se realizaron los servicios o desde dónde fueron suministrados los bienes contratados, pero sí plantea una pregunta sobre la capacidad operativa y la información proporcionada por estas empresas a las autoridades que les asignaron contratos por millones de pesos.
La revisión documental y física deja, en cambio, un dato verificable: los domicilios registrados oficialmente y los establecimientos encontrados en esos mismos puntos no corresponden, en varios casos, con la actividad empresarial que aparece en los contratos públicos.
