Rubén Torres/LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —En un testimonio difundido públicamente, Gabriel Alejandro Zapata Enríquez narró que su problema legal comenzó en 2017, cuando —de acuerdo con su relato— Alejandra Quintoz Martínez lo contactó para pedirle apoyo económico y, tras una estancia temporal de una semana en Tampico, se negó a devolverle la convivencia con Dafne Zapata Quintoz, la menor que falleciera en la Academia Militarizada Doenitz, el pasado 16 de julio del presente.
En un video difundido en redes sociales, agrega que mientras él, con la ayuda de su familia pagó los gastos del funeral de su hija, su expareja hacía recaudaciones, pero sin aportar a los gastos.
Según Zapata Enríquez, esto lo llevó a promover un juicio de reconocimiento de paternidad el 23 de noviembre de 2017, radicado bajo el expediente 1526/2017 en el Juzgado Familiar de Ciudad Mante, “yo no estaba huyendo de mi responsabilidad como padre, todo lo contrario, estaba peleando legalmente para poder ejercerla”, citó.
Según su testimonio, el uno de octubre de 2018, un Juez ordenó registrar a la niña con sus apellidos, fijó una pensión alimenticia equivalente al 30 por ciento de su salario y estableció convivencias los fines de semana. El padre aseguró que, para julio de 2019, su hija incluso había mostrado interés en estudiar en la primaria donde él funge como director.
El giro se dio, relató, el tres de agosto de 2019, cuando Víctor Paz Jiménez, a quien en el video identifica como abogado y asesor de Alejandra Quintoz, acudió a su domicilio acompañado de la madre y de dos elementos policiacos.
Agrega que de ese episodio derivó una denuncia por violación que, según los antecedentes citados por el propio Zapata, fue presentada formalmente por el propio abogado y no por la denunciante. “¿Por qué el abogado de Alejandra intervino directamente desde el origen de la acusación que se me hace?”, cuestionó.
Zapata Enríquez detalla que fue el cuatro de octubre de 2019 cuando se ejecuta una orden de aprehensión en su contra y con ello se le impuso prisión preventiva, medida que se prolongó por más de dos años, por lo que de manera paralela, su madre, Nora Silvia (Enríquez), denunció a Alejandra Quintoz Martínez por allanamiento de domicilio, proceso que fue radicado en la carpeta 32/2021y que según narró, concluyó con el pago de una reparación del daño y una disculpa pública por parte de la denunciada. El testimonio incluye señalamientos sobre presuntas exigencias económicas.
De acuerdo con Zapata Quintoz, tras un primer reclamo de 80 mil 224 pesos por alimentos retroactivos, la cifra se elevó a cien mil pesos como condición para negociar su libertad, monto que —afirmó— fue cubierto por su madre. Posteriormente, dijo, se le habría solicitado una casa, un automóvil, 550 mil pesos, una pensión vitalicia y una plaza docente, exigencias que su familia rechazó.
“Sabía que esas cosas nunca pasaron, sabía que era una mentira, sabía que la carpeta la estaban fabricando”, afirmó Zapata Enríquez, quien señaló que, ante la negativa de su familia, el Ministerio Público, que en ese tiempo estaba a cargo de Edmundo Malpica, formuló acusación y solicitó una pena de 45 años de prisión.
En la denuncia pública a través de un video, el padre hizo referencia a un audio en el que, aseguró, Alejandra Quintoz expresa su intención de no continuar con una denuncia, así como a un mensaje público en el que ella habría escrito una disculpa dirigida a él; “¿Por qué este mensaje apareció precisamente cuando yo estaba viviendo todo esto en la cárcel?”, planteó.
Zapata Enríquez explicó que obtuvo un cambio de medida cautelar, aunque para entonces ya había perdido contacto con su hija. El 17 de julio de 2026, dijo, fue notificado de la muerte de la menor. Relató que se hizo cargo de los gastos funerarios pese a que, según denunció, Quintoz habría solicitado dinero en redes sociales para el mismo fin cuando los costos ya estaban cubiertos.
“Por respeto a ella, por respeto a la memoria de mi hija, era lo que yo le pedía”, señaló, en referencia a su negativa a que medios de comunicación fotografiaran el cuerpo de la menor durante el funeral.
El padre exigió que las autoridades investiguen el origen de la denuncia de 2019, la intervención de Víctor Paz Jiménez, los pagos realizados por su familia, el papel del entonces agente del Ministerio Público Edmundo Malpica, quien es socio de Paz Jiménez, y el contenido íntegro de los audios que menciona en su relato. “Yo estoy dispuesto a que se investigue todo, absolutamente todo”, concluyó.
Cabe mencionar que, hasta el cierre de esta nota periodística, Alejandra Quintoz y Víctor Paz Jiménez no habían emitido una respuesta pública a las acusaciones de Zapata Enríquez.
