Redacción/La Expresión
Después de haber permanecido poco más de tres semanas en el Centro De Ejecuciones y Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, fue puesta en libertad la noche de este miércoles la Abogada Susana Prieto Terrazas, quien fue detenida el pasado ocho de junio por tres delitos que enfrentaba en su contra en Matamoros Tamaulipas.
Al momento de abandonar la prisión la abogada exclamó con el siguiente mensaje; “Viva la clase obrera Matamorense, presos políticos libertad, justicia para los inocentes”.
Posteriormente fue custodiada hacia su vehículo por sus dos hijos y su abogado quienes abordaron un automóvil Chevrolet Spark y abandonar el Centro penitenciario.
Estos hechos se dieron aproximadamente a las 21:00 horas de este miércoles, en donde salió escoltada por una unidad de la Policía Estatal y un vehículo donde viajaban sus abogados.
Mismos que se desplazaron hacia la salida a Soto la Marina para muy probablemente abordar un avión, mientras que otras fuentes aseguraron que viajaría al municipio de Matamoros.
La activista y abogada del Movimiento Obrero 20/32 fue detenida el pasado ocho de junio en el municipio de Matamoros, cuando se encontraba en un restaurante reconocido, dónde ese mismo día arribó a las 21:08 horas a las oficinas de la Policía Ministerial y donde por la mañana a las 8:40 horas la trasladaron escoltada hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
En dónde mantuvo una audiencia que inició a las 10 de la mañana y la cual duró 14 horas, para después por la mañana del día 10 de junio ser llevada al penal de Ciudad Victoria.
Así mismo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informo que el día de hoy el Agente del Ministerio Público participó en la Audiencia de Suspensión Condicional del Proceso, solicitada por parte de la defensa de Susana “P”, respecto a la imputación de los delitos cometidos Contra Servidores Públicos, Motín, Amenazas y Coacción de Particulares.
Durante la audiencia el Representante Social realizó al Juez de Control un plan de reparación del daño y el cumplimiento de ciertas condiciones por parte de la imputada a fin de garantizar una efectiva tutela de los derechos de las víctimas, la reparación del daño y, así como, resolver el conflicto originado con motivo de la comisión de delitos, en estricto cumplimiento de lo señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y aplicación del principio de debido proceso.
