Redacción/LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —El Estado de Tamaulipas consolidó una ruta de cero tolerancias frente a las agresiones hacia la infancia, asumiendo la salvaguarda de niñas, niños y adolescentes como una prioridad central de la agenda pública.
A través de un informe de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, se confirmó la obtención de 23 sentencias condenatorias y 99 vinculaciones a proceso penal contra presuntos agresores de menores de edad.
Estos resultados judiciales reflejan un endurecimiento en la persecución del delito y un fortalecimiento operativo orientado a garantizar el acceso expedito a la justicia, el acompañamiento integral a las víctimas y la aplicación estricta de las sanciones de ley.
Más allá del ámbito estrictamente punitivo, el aparato gubernamental desplegó un cerco preventivo en coordinación con la iniciativa privada y diversos sectores productivos.
La Red de Protección Infantil del Sistema DIF Tamaulipas, en una alianza estratégica con el Congreso del Estado, la Secretaría del Trabajo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, encabeza la implementación del programa Alojamiento Infantil Seguro.
Este esquema de blindaje ha comenzado a posicionarse en el plano federal como un modelo de referencia para otras entidades del país en materia de prevención de la violencia y la explotación menor.
La operatividad de la estrategia se concentra de manera prioritaria en regular y supervisar las dinámicas de los establecimientos dedicados al hospedaje y turismo en la geografía tamaulipeca.
Entre sus ejes medulares, la iniciativa optimiza los mecanismos de detección oportuna de factores de riesgo, incentiva la cultura de la denuncia civil y fija lineamientos corporativos para erradicar cualquier intento de trata o explotación en hoteles y moteles.
Para cumplir con estas metas, el proyecto obliga a la adopción de protocolos específicos de reacción inmediata, la capacitación del personal de servicios, la adecuación física de entornos seguros para infantes y una permanente mesa de vinculación interinstitucional que impida vacíos burocráticos ante las emergencias.
